VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El representante europeo de Vía Campesina y miembro de EHNE, Paul Nicholson, declaró hoy en Gernika como imputado por participar el pasado 8 de marzo de 2006 en la hacienda Barba Negra de Barra do Ribeiro, en el Estado brasileño de Río Grande do Sul, en una acción de protesta contra las instalaciones de la multinacional Aracruz Celulosa, por la que solicitan entre 8 y 30 años de prisión.
Según recordó hoy el sindicato agrario EHNE en un comunicado, esta acción tuvo lugar el día Internacional de la Mujer Trabajadora y fue protagonizada por 2.000 campesinas para denunciar los denominados "desiertos verdes", plantaciones de eucaliptos, acacias y pinos para fabricar celulosa, que cubren "millares de hectáreas" en Brasil y América Latina.
Desde esta organización explicaron que "en los lugares en los que avanza este desierto la biodiversidad se pierde, los suelos de uso agrario se deterioran, los ríos se secan y aumenta la contaminación a causa de las fábricas de celulosa".
En este contexto, se realizó la acción de protesta en el marco de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria de la FAO celebrada en Porto Alegre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta protesta se llevó a cabo, según indicó EHNE, porque "se tiene la certeza de que la empresa Aracruz Celulosa trabaja la ingeniería genética en sus laboratorios, lo que hace sospechar de su utilización en los monocultivos".
EHNE apuntó que en Río Grande do Sul hay cerca de 360.000 hectáreas de monocultivos de madera para celulosa plantadas por tres empresas, una de las cuales es Aracruz, que posee 261.000 hectáreas en tres estados.
"En 2003 esta empresa obtuvo unas ganancias de 300 millones de dólares y, sin embargo, genera un solo empleo por cada 185 hectáreas plantadas", criticaron, antes de recordar que el Ministerio Público Federal del Estado Espirito Santo abrió un proceso contra Aracruz Celulosa por "hacer publicidad difamatoria contra pueblos indígenas que reivindicaban las tierras que un día les fueron arrebatadas por la multinacional".
En el proceso judicial promovido por esta empresa hay encausadas 30 campesinas del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, además de dirigentes de la Vía Campesina, como Henry Saragih, Juana Ferrer, Paul Nicholson y Joao Pedro Stedile.
Los argumentos que se esgrimen para acusarles es que "arrancaron plantas y ocuparon un laboratorio de investigación biotecnológica", "violaron una propiedad privada" y "destruyeron plantas y un laboratorio", explicó EHNE. Asimismo, indicó, se les acusa de "secuestro, espionaje industrial, robo, formación de banda armada o asociación ilícita, ocultación de bienes y/o lavado de dinero".
"Todo indica que la empresa, apoyada con dinero público del Gobierno de Brasil, intenta dar un gran escarmiento y criminalizar al movimiento campesino que se opone a sus actuaciones masivas de ocupación de tierras y plantación de monocultivos forestales", denunció este sindicato.
Tras considerar las imputaciones como "un acto de criminalización contra las organizaciones agrarias", EHNE estima que "las penas solicitadas son desproporcionadas" teniendo en cuenta que lo que reivindican las organizaciones como Vía Campesina es "un uso social y medio ambiental de la tierra, así como el respeto de los derechos de los campesinos de poder trabajar en pro de la soberanía alimentaria y por un mundo rural vivo".
Paul Nicholson, por su parte, ha declarado que "ante coacciones como éstas de las multinacionales contra los movimientos sociales que defienden un uso de la tierra social y ecológico, Vía Campesina va a iniciar una campaña internacional para convertir este juicio político en un enjuiciamiento de las políticas de las multinacionales".
En este sentido, Vía Campesina está organizando una iniciativa internacional de "defensa y solidaridad con las personas encausadas", al tiempo que prepara acciones de cara a un futuro próximo en las que EHNE también participará activamente.