MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Etiopía han anunciado este martes una investigación en torno a las acusaciones de Amnistía Internacional sobre "horrendas violaciones" de los Derechos Humanos en dos regiones del país en represalia por los ataques de grupos armados.
La fiscal general etíope, Adanech Abiebie, ha recalcado que las autoridades "respetan los Derechos Humanos para proteger al pueblo y por la justicia", antes de agregar que se ha abierto una investigación sobre las acusaciones vertidas por la ONG en su último informe.
"Hemos visto el informe de Amnistía Internacional y abierto nuestra propia investigación sobre el asunto. Estamos trabajando para finalizarla y comprobar los contenidos y el proceso del informe para confirmar su actualidad y neutralidad", ha manifestado.
Así, Adanech ha subrayado que "una vez se complete la investigación y el informe sea correcto, se adoptarán las medidas necesarias para solucionar el problema", tal y como ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.
Por otra parte, ha manifestado que "si el informe es falso o exagerado, se discutirá con Amnistía Internacional y se permitirá que sea corregido". "Si la corrección es imposible, presentaremos la verdad con pruebas para que nuestro pueblo y el mundo sean conscientes", ha zanjado.
La ONG acusó el 29 de mayo a las fuerzas de seguridad etíopes de la comisión de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada contra comunidades de las regiones de Amhara y Oromía (en el norte y centro-sur del país, respectivamente).
Amnistía documentó decenas de estos casos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 a pesar de la ola de reformas emprendidas por el primer ministro del país, Abiy Ahmed, destinadas a desactivar la enorme tensión entre las comunidades de la región.
Aunque la organización aplaudió los "notables progresos" alcanzados por el Gobierno etíope a la hora de "cambiar el sombrío panorama de los Derechos Humanos en el país", apuntó también a un grave problema de incomunicación con las fuerzas de seguridad, que siguen "cometiendo crímenes con total impunidad", según el director de Amnistía para el este y el sur de África, Deprose Muchena.
La situación actual tiene su origen inmediato en el programa de reformas del primer ministro, que en 2018 permitió que partidos de oposición comparecieran a los comicios de agosto de este año --ahora aplazados por el coronavirus--. Sin embargo, grupos políticos han intentado ganar apoyos para estos comicios mediante una táctica de escalada de tensión entre las comunidades del país.
Desde entonces, los ataques con constantes en regiones como Amhara, Benishangul-Gumuz, Harari, Oromía y la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR), así como en el estado administrativo de Dire Dawa, puntos todos ellos que Amnistía identifica como focos de la violencia.
En respuesta, el Gobierno estableció puestos de mando para coordinar las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Etiopía (FED), la Policía federal, las unidades de policía regular y especial (Liyu) y milicias locales, los kebele, con el resultado de una explosión de violencia descontrolada en las zonas afectadas.