MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este sábado que las autoridades etíopes han detenido a decenas de representantes políticos de la oposición y periodistas durante largos periodos de tiempo y en ocasiones sin cargos desde el pasado junio.
Así, ha trasladado que un mes después de que se desarrollara una de las olas de disturbios más violentas en el país, la Policía y los fiscales deben dar a conocer dónde se encuentran los detenidos y garantizar el acceso a los abogados y familiares.
"La actuación de las autoridades en Etiopía genera la preocupación de que no hayan abandonado la prácticas anteriores de detener primero y preguntar después", ha asegurado la directora de HRW para el Cuerno de África, Laetitia Bader.
Bader ha sostenido que las autoridades de Etiopía deben presentar "cargos creíbles basados en hechos y pruebas contra los detenidos o garantizar su liberación".
Según ha precisado la organización, las detenciones se están acrecentando tras el asesinato del cantante oromo Hachalu Hundessa. La muerte del cantante desencadenó una ola de disturbios y violencia en varias ciudades del país y dejó al menos 178 muertes.
Hachalu fue asesinado por desconocidos en la capital, Adís Abeba, lo que generó una gran conmoción en todo el país y en particular entre los miembros de su etnia, la mayoritaria. El cantante también era considerado un activista de los derechos de los oromo.
9.000 DETENCIONES EN LAS PROTESTAS
HRW ha cifrado en más 9.000 personas las que han sido detenidas desde el comienzo de las protestas. Además, entre los encarcelados, también se encuentran altos cargos del Gobierno y periodistas de distintos medios.
"El último episodio de violencia muestra las profundas tensiones sociopolíticas, que han seguido aumentado tras la decisión del Gobierno de retrasar las elecciones nacionales por la COVID-19", ha puntualizado.
A ello se añade que el Ejecutivo ha acusado a representantes políticos de la oposición de participar en los disturbios y de dirigir o "incitar a la violencia, incluida la violencia étnica".
"Etiopía tiene la obligación legal nacional e internacional de proteger los derechos básicos, incluido el derecho a no ser detenido arbitrariamente o, si se detiene legalmente, a recibir un trato digno... y a que se garantice un juicio justo", han añadido desde Human Rights Watch.