MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varias ONG, entre ellas algunas de las que participan en operaciones de rescate en el Mediterráneo central, han solicitado la derogación inmediata del acuerdo de colaboración suscrito hace cuatro años entre Italia y Libia para contener los flujos migratorios, que se ha saldado con la devolución de unas 50.000 personas al país norteafricano y es, en opinión de las organizaciones, ejemplo de "fracaso" y "cinismo político".
Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, Sea-Watch, Mediterranea, ASGI y Emergency han suscrito un mensaje común contra un acuerdo que habría supuesto por la parte italiana el desembolso de 785 millones de euros. El objetivo de estos fondos, han lamentado, es "bloquear" las llegadas a costa de dejar morir a personas en el mar, sin soluciones a medio o largo plazo para quienes buscan seguridad en Europa.
Las ONG echan en falta "canales seguros" y la "externalización" de los servicios de vigilancia de fronteras, en la medida en que los países europeos han reforzado las capacidades de la Guardia Costera libia para frenar en origen las pateras. En este sentido, han recordado también que Libia no es un puerto seguro y, por tanto, no deben llevarse a cabo desembarcos.
"Libia no puede considerarse un lugar seguro donde llevar a las personas interceptadas en el mar, sino un país donde la violencia y la brutalidad representan la vida diaria de miles de migrantes y refugiados", han agregado. Solo en 2020 se llevaron a cabo 12.000 devoluciones y, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2021 ya se contarían por cientos.
Muchos de estos migrantes terminan en centros de detención oficiales donde hay entre 2.000 y 2.500 personas o en instalaciones clandestinas, sin vigilancia internacional, en los que "las condiciones de vida son aún peores". Las ONG incluyen la detención arbitraria en su lista de los abusos registrados en Libia, junto a casos de secuestro, extorsión, amenazas o asesinatos.
Las críticas se extienden también a la ausencia de una misión de rescate naval por parte de la UE y, en líneas generales, a la inacción de las autoridades europeas. Esto habría llevado no solo a no responder activamente a situaciones de emergencia, sino a bloqueos a los barcos de las ONG o retrasos en despliegues, por ejemplo por discrepancias relativas a competencias en función de la zona en que se encuentre la embarcación en riesgo.
Las organizaciones han instado al Parlamento italiano a tomar medidas para, entre otras cosas, investigar el destino de los fondos destinados en estos últimos años y promover una mejora del actual sistema migratorio --tanto a nivel nacional como continental-- que priorice el respeto de los Derechos Humanos y frene las devoluciones a Libia.