24 de julio de 2015

El ex dictador Ríos Montt ingresará este sábado en un psiquiátrico

   CIUDAD DE GUATEMALA, 24 Jul. (Notimérica) -

   Un tribunal guatemalteco ha ordenado el ingreso, en un centro de salud mental, del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio por la masacre de 1.770 indígenas ixil maya durante su mandato entre 1982 y 1983.

   Ríos Montt, de 89 años de edad, ingresará este sábado, 25 de julio, en el centro de salud mental Federico Mora, donde será sometido a una serie de exámenes siquiátricos hasta el próximo 3 de agosto, según decidió el jueves el Tribunal B de Mayor Riesgo, informa Notimex.

   Igualmente el Tribunal ha ordenado que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tomen muestras de orina del acusado para comprobar si toma alguna medicina que altere su estado mental.

   El pasado 7 de julio, el exdictador guatemalteco fue declarado mentalmente incompetente por un organismo estatal. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que Ríos Montt, quien cumplió 89 años en junio, sufre un deterioro cognitivo que le impediría defenderse adecuadamente si se abre un nuevo proceso en su contra por genocidio.

   El reconocimiento psiquiátrico fue presentado por la defensa del exgeneral ante el tribunal que maneja el caso, que debía decidir este jueves en audiencia si lo aceptaba o no.

   Al inicio de la audiencia, el Tribunal B de Mayor Riesgo ordenó que Ríos Montt sea internado en el Hospital Federico Mora, una institución pública de salud mental.

   El acusado será evaluado por demencia senil en el hospital público, luego de que fracasara el intento de su defensa de que el exgobernante fuera internado en un centro privado.

   UN PROCESO LLENO DE OBSTÁCULOS.

   Ríos Montt fue condenado a 80 años en mayo de 2013 por la sangrienta ofensiva en la que sus militares torturaron, violaron y masacraron a miles de indígenas en uno de los episodios más terribles de la cruenta guerra civil que asoló al país centroamericano durante 36 años y dejó más de 250.000 muertos.

   Sin embargo, la Corte Constitucional anuló la sentencia días después alegando que se había violado su derecho de defensa debido al incumplimiento de tecnicismos, lo que para muchos fue una muestra del débil estado de la justicia en momentos en que el país es sacudido por una serie de escándalos de corrupción que han puesto al Gobierno contra las cuerdas.

   Desde entonces no se ha podido emprender el nuevo juicio por las numerosas acciones legales interpuestas por la defensa, que exigió amnistía para su cliente y luego alegó que por demencia senil Ríos Montt no podía comparecer. Y es que el proceso ha sufrido numerosos retrasos y giros inesperados, incluyendo el asesinato, este año, de uno de los abogados defensores del ex dictador.

   El conflicto armado interno guatemalteco, que en 36 años causó 200.000 muertos y desaparecidos, finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia, avalado por Naciones Unidas.

SU HIJA ASPIRA A SER CANDIDATA.

   Mientras el Tribunal decidía el ingreso de Ríos Montt en un psiquiátrico, su hija, Zury Ríos, celebraba en Twitter la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala aceptar su candidatura a la Presidencia del país, como candidata del partido VIVA (Visión y Valores).

   La CSJ aceptó así el recurso de amparo presentado por Zury Ríos contra la resolución del TSE, que le negó ser candidata. Ahora el Tribunal Electoral deberá decidir si recurre o no esta decisión.

   El TSE también estudia el caso del expresidente Alfonso Portillo, quien gobernó Guatemala de 2000 a 2004 y ahora es postulado para diputado.

   El TSE rechazó en primera instancia la inscripción de la candidatura del expresidente por considerar que incumple el requisito de honradez que se exige a un aspirante a un puesto de elección popular.

   Portillo regresó a Guatemala en febrero pasado tras cumplir una condena de más de cuatro años en una prisión de Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero.

   El político es el primer presidente guatemalteco juzgado por corrupción en Guatemala y extraditado a Estados Unidos, que lo reclamó para procesarlo por utilizar bancos del país norteño para el delito por el que fue sentenciado, informa Notimex.