MADRID, 5 Ene. (Notimérica) -
El juicio contra el exdirector guatemalteco Efraín Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad contra la etnia ixil en 1982 ha dado comienzo este lunes en el Tribunal B de Mayor Riesgo después de que el acusado llegara en una camilla que transportaba una ambulancia en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El abogado del exdictador había indicado horas antes que su cliente no podría asistir al juicio por problemas de salud. Sin embargo, la juez Janeth Valdez ha dispuesto que la evaluación que se le realizó el pasado 3 de diciembre no concluyó que su estado fuera de alto riesgo y ha pedido a la Policía el traslado del militar en el plazo de una hora, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
Ríos Montt ha llegado acompañado de médicos en una ambulancia junto a su hija, la exdiputada Zury Ríos, y ha ingresado a la sala de debates en una camilla y con el rostro cubierto.
Momentos antes de que apareciera el exdictador, la Premio Nobel de la Paz y líder indígena Rigoberta Menchú ha llegado al lugar. También, decenas de indígenas mayas han acudido al tribunal para manifestarse por la condena del dictador a 80 años de prisión que fue cancelada en mayo de 2013.
El exdirector de Inteligencia José Francisco Rodríguez Sánchez, que también enfrenta cargos por genocidio junto al exdictador, se ha presentado a la cita, a la espera de que, según ha indicado, los jueces resuelvan sin influencias de las organizaciones internacionales y nacionales de Derechos Humanos.
El juicio, que tendría que haber comenzado a las 09.00 (hora local) ha sido retrasado primero hasta las 11.00 (hora local) y posteriormente se ha postergado hasta las 13.00 (hora local).
A primera hora, cientos de personas de Quiché, en el norte de Guatemala, donde viven ixiles, llegaron este a la sala del Tribunal B y el abogado Edgar Pérez, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, solicitó cambiar el juicio a una sala de mayor tamaño para dar cabida a los asistentes.
EL CASO
El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez resultó absuelto. Sin embargo, la condena fue anulada diez días después por la Corte Constitucional (CC), al considerar que se había violado el derecho de defensa de Ríos Montt.
La CC ordenó que empezara el juicio desde la mitad, y el Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.
Además, ese mismo mes el Congreso guatemalteco aprobó el plan de Reconciliación Nacional 3-2014, que niega la existencia del genocidio que tuvo lugar en el país entre 1960 y 1996 para no poner en riesgo "la paz y la armonía de los ciudadanos".
Para el Ministerio Público los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
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