MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ha instado a las autoridades de Venezuela a garantizar la independencia del sistema judicial tras las medidas y "presiones" adoptadas contra la oposición política, liderada por Juan Guaidó.
"Estoy preocupado por las presiones efectuadas a través del sistema judicial contra la oposición política, liderada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país por decisión de la misma", ha advertido García-Sayán en un comunicado.
El experto ha instado a las autoridades venezolanas a "respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura", lo que pasa por que jueces y fiscales del país sudamericano "mantengan su independencia ante presiones indebidas y respeten la Constitución y los tratados de Derechos Humanos".
El relator, que ha trasladado sus inquietudes al Gobierno de Nicolás Maduro, ha citado como ejemplos de utilización partidista del sistema judicial unas declaraciones pronunciadas por el fiscal general, Tarek William Saab, el 29 de enero, seis días después de que Guaidó se autoproclamase "presidente encargado" de Venezuela.
El anuncio público del inicio de un proceso formal contra Guaidó podría socavar el derecho a su presunción de inocencia, al "dar a entender" que el presidente de la Asamblea Nacional "habría cometido actos ilícitos sin que estuviese en marcha una investigación al respecto", según un comunicado.
"Una administración de justicia equitativa, independiente e imparcial requiere que los fiscales desarrollen sus funciones de manera ecuánime y evitando todo tipo de discriminación política", ha subrayado García-Sayán.
PODER JUDICIAL "INDEPENDIENTE E IMPARCIAL"
El relator ha recordado a Venezuela que "el Estado no dispone de un margen de absoluta discrecionalidad", por lo que debe organizar un aparato administrativo "compatible" con las organizaciones internacionales. Esto pasa por "garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos".
Conforme a los tratados suscritos, "Venezuela tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que sean necesarias para el establecimiento de un poder judicial independiente e imparcial y la adecuada administración de la justicia", ha apostillado García-Sayán en su nota.