CIUDAD DE GUATEMALA, 17 Oct. (Notimérica) -
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) aseguraba este lunes en una audiencia pública que las acusaciones que recaen contra él por corrupción, y por las que ha permanecido dos años y medio detenido, son un ataque político hacia su persona.
Frente al juez que en los próximos días decidirá si hay elementos suficientes para iniciar formalmente un juicio en su contra, Pérez ha negado y descalificado --en tono molesto y, por momentos, casi a gritos-- los cargos de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ha considera que sus dos años de detención preventiva suponen "un abuso", recoge el diario local 'El Periódico'.
Precisamente, el exmandatario señalaba a la permanencia de la CICIG en Guatemala como justificante del caso que le señala. De hecho, Pérez indicaba como comienzo del proceso cuando hizo pública su intención de no extender el mandato de la CICIG, primero en una reunión con varios embajadores de los países cooperantes y posteriormente a través de los medios de comunicación.
Tras alegar los escasos resultados de la comisión en el país durante los ocho años en los que había operado, comenzaron a llevarse a cabo las acusaciones hacia su persona, lo que según el expresidente constituiría un enjuiciamiento por motivos políticos que, además, asegura que estaba alentado por el exembajador de Estados Unidos, Todd Robinson, indica 'Prensa Libre'.
Por ello, indicaba el Pérez, los empresarios implicados en el supuesto entramado de corrupción no han sido investigados mientras que él, además, fue acusado de manera ilegal, ya que en el momento de su acusación gozaba de inmunidad por su cargo. "En lugar de ser el 'mega caso' resultó ser el 'mega fracaso' del Ministerio Público", manifestaba el expresidente durante el juicio, según el citado medio.
Otto Pérez se vio obligado a renunciar al cargo de presidente en el año 2015, cuatro meses antes de entregar formalmente el poder y poco antes de ser arrestado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho en el marco de una presunta estructura liderada por él que defraudó al Estado varios millones de dólares durante su presidencia en el año 2013.
En la investigación del caso --que se denomina localmente como el caso 'La Línea'-- se implica asimismo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, con quien presuntamente Pérez habría conformado la cabeza del entramado que incluía la participación y soborno de exfuncionarios públicos y empresarios. Así, junto con el exmandatario hay otras 29 personas detenidas.