BOGOTÁ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han criticado este viernes el fuero militar aprobado el pasado martes por el Congreso colombiano, ya que consideran que supone "un paso hacia la impunidad" al situar a los miembros de las fuerzas de seguridad, en la gran mayoría de los delitos, bajo la jurisdicción castrense.
Antes del comienzo de una nueva jornada de conversaciones en La Habana entre representantes de la guerrilla y del Gobierno colombiano, una portavoz de las FARC, Yuri Camargo, ha leído un comunicado en el que ha condenado la aprobación de la nueva legislación.
La reforma, según las FARC, perjudica a las víctimas del "terrorismo de Estado" y desoye a quienes, desde "la indignación nacional e internacional", han advertido de que facilita la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, según ha informado la agencia de noticias cubana Prensa Latina.
La guerrilla teme que puedan quedar sin castigo los responsables de "más de 3.500 falsos positivos", término por el que se conocen los asesinatos de civiles efectuados por militares. Las FARC han cifrado en el 98 por ciento el "nivel de impunidad" sobre estos casos y han lamentado que ni el exministro de Defensa Camilo Ospina ni el anterior presidente colombiano, Álvaro Uribe, hayan rendido cuentas ante la Justicia.
El Gobierno de Juan Manuel Santos ha defendido la aplicación del nuevo fuero porque pretende "la salvaguarda de la institución militar", pero lo cierto es que, además de las FARC, la ley ha recibido críticas de la oposición colombiana, organizaciones pro Derechos Humanos y Naciones Unidas.
La nueva norma jurídica determina que los uniformados sean juzgados en un tribunal castrense en todos los casos salvo en siete delitos: lesa humanidad, genocidio, ejecución extrajudicial, torturas, desaparición forzosa, desplazamiento forzoso y violencia sexual.
La ley establece un Tribunal de Garantías para velar por los derechos de los militares procesados, que estará formado por cuatro ex uniformados y otras cuatro personas elegidas por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
También crea un fondo destinado "específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública", es decir, una especie de equipo jurídico que defenderá prioritariamente a los uniformados procesados.
Asimismo, da un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar identifiquen todas las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública y determinen cuáles deben caer bajo la jurisdicción civil y cuáles bajo la militar.
La norma también abre la puerta para que, a través de una ley ordinaria, se redacte un Código Penal Policial y, en consecuencia, se creen juzgados y tribunales penales policiales, según informa el diario colombiano 'El Tiempo'.