MÉXICO DF, 14 Oct. (Notimérica) -
Felipe Flores, el responsable de la Policía Municipal de Iguala cuando se produjo la desaparición de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa, continúa más de un año después prófugo de la Justicia. Nadie conoce el paradero del dirigente de las fuerzas de seguridad locales, cuyos agentes mataron a tres estudiantes y, según la versión oficial, entregaron al resto al crimen organizado.
La Procuraduría General de la República --Fiscalía--, que ahora ofrece 2,5 millones de pesos (150.000 dólares) por información sobre su paradero, tardó cinco meses en preguntar al Instituto Nacional de Migración si Flores había abandonado el país y en solicitar su captura a la Interpol.
Felipe Flores era secretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala cuando ocurrieron los hechos, y mantenía con el entonces alcalde José Luis Abarca, una relación que iba más allá de lo laboral, pues estos dos acusados de participar en la desaparición de los 'normalistas' son primos.
Se trata de una de las piezas claves en la investigación de lo ocurrido en Iguala, al que Sidronio Casarrubias, uno de los líderes del grupo criminal 'Guerreros Unidos' que ha sido detenido, acusa de formar parte de la red criminal que encabezaba su primo y la mujer de este, María de los Ángeles Pineda.
Y de hecho, la desaparición de los 43 'normalistas' no es el único caso por el que la PGR busca al que supuestamente se encargaba de velar por la seguridad en Iguala. Según la Fiscalía mexicana, el propio Flores clonaba patrullas para que los agentes a su cargo realizaran "otro tipo de trabajos".
Tras las investigaciones que se realizaron a raíz de la desaparición de los 43 'normalistas', la Policía Ministerial de Guerrero descubrió tres patrullas que carecían de matrícula y cuyos número de unidad eran falsos.
Pero Flores no es el único que ha sido acusado de mantener estrechos vínculos con el crimen organizado. El que fuera subdirector de la Policía Municipal Francisco Salgado Valladares fue capturado siete meses después de la desaparición de los 'normalistas'.
Además de haber participado en estos hechos, la PGR le acusa de cobrar 600.000 pesos (36.000 dólares) del grupo criminal Guerreros Unidos para que encubriese las acciones de la banda criminal que domina esta zona del estado de Guerrero.
Según las investigaciones, fue el propio alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien dio la orden de atacar a los 'normalistas' de Ayotzinapa. Posteriormente, la Policía Municipal interceptó los autobuses en los que viajaban los estudiantes y disparó contra ellos, provocando la muerte de tres de estos jóvenes.
Por error, los agentes también dispararon contra un autobús en el que viajaba el equipo de fútbol de la localidad, provocando la muerte de tres integrantes de esta agrupación deportiva.