MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha alertado este martes de que si bien los esfuerzos del Gobierno de Filipinas han sido "notables", un gran porcentaje de los menores de edad del país continúan siendo víctimas directas de los diferentes conflictos armados a los que hace frente el Estado, en especial en la región de Mindanao, una gran isla en el sur del archipiélago, en la que hace tres años tuvo lugar el asedio contra las fuerzas islamistas allí presentes.
Virginia Gamba, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados (CAAC), ha presentado un informe en el que se destaca como el 90 por ciento de los casos de violaciones contra los derechos de los más pequeños en Filipinas se produjeron en Mindanao, desde 2017 hasta 2019.
"Si bien se han logrado avances notables para proteger a niños y niñas, incluso como parte del proceso de paz entre el Gobierno y el Frente Islámico de Liberación Mora (MILF), los niños de Filipinas sufrieron el impacto directo de actividades armadas, como operaciones militares a gran escala", señala.
"Los asesinatos y mutilaciones, los ataques a escuelas y hospitales y el reclutamiento y uso de jóvenes menores de 18 años, han afectado a los menores de la región, mientras que las restricciones de acceso han obstaculizado la labor de los supervisores de los organismos humanitarios internacionales", explica el texto.
Gamba ha felicitado al Gobierno de Filipinas "por las medidas tomadas para proteger mejor a los niños y niñas del conflicto armado", incluyendo la "histórica" Ley de Niños en Situaciones de Conflicto Armado (CSAC), sin embargo, ha instado a las autoridades "a su rápida implantación, así como a garantizar que cualquier otra legislación, como la Ley Antiterrorista aprobada en julio de 2020, está en armonía con este texto".
GRAVES VIOLACIONES CONTRA LOS NIÑOS
El informe de esta oficina de Naciones Unidas informa de que la matanza y mutilación de niños siguieron siendo los actos de violencia más registrados durante este trienio, con al menos 139 víctimas de estas violaciones debido a la presencia de minas todavía activas.
Por ello, Gamba ha exhortado a todas las partes del conflicto a que cesen de inmediato estas actividades, y ha insistido al Gobierno a que aplique plenamente las leyes internacionales contra el uso, almacenamiento y producción de minas antipersonas.
Por otro lado, Gamba ha pedido también a los grupos armados que acaben con el reclutamiento de menores de edad y liberen a aquellos que ya forman parte de sus filas. En ese sentido ha pedido al Gobierno de Rodrigo Duterte que trate a los menores detenidos por presunta participación en banda armada como "víctimas", tal y como recoge la legislación internacional, pues de otra manera sólo se logrará "victimizar" a quien más ha sufrido.
"Insto además al Gobierno a que acelere la revisión de sus protocolos sobre el manejo de los niños involucrados en conflictos armados y garantice que todos puedan recibir servicios adecuados y programas y apoyo integrales de reintegración", ha insistido.
"Los programas de apoyo para la reintegración de los niños han demostrado ser eficaces y han proporcionado servicios significativos y sostenibles para los niños anteriormente asociados con grupos armados", ha explicado Gamba.
En ese sentido, la representante especial de la ONU ha animado a todas las partes del conflicto a que integren la situación de los más pequeños en el eje central de las negociaciones y en los acuerdos de paz que se sellen en un futuro.
El 23 de mayo de 2017 comenzaba uno de los asedios más largos de los últimos años, la batalla de Marawi, en el sur de Filipinas. El Ejército y la Policía del país desplegó un operativo para derrotar a los grupos islamistas Maúte y Abu Sayyaf, ambas milicias afiliadas a Estado Islámico.
En total, cinco meses de combates que finalizaron el 16 de octubre con la muerte del líder Abú Sayyaf, Isnilon Totoni Hapilon.