Por Aitor Díaz-Maroto Isidro, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá de Henares.
BOGOTÁ, 7 Oct. (Notimérica) -
El pasado domingo dos de octubre se celebró un plebiscito que decidía no solo el futuro de todo un país, sino la esperanza puesta por la comunidad internacional en la solución política de los conflictos políticos violentos. Nos referimos al plebiscito celebrado en Colombia en el que se debía elegir si dar el apoyo y el visto bueno al tratado de paz firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno del citado estado latinoamericano. Esta era la oportunidad que el pueblo colombiano tenía de refrendar toda una serie de negociaciones que se han extendido durante cuatro años y que han tenido como centro neurálgico la ciudad de La Habana y el apoyo y respaldo de la comunidad internacional con Noruega, Chile, Venezuela y Cuba a la cabeza.
Sin embargo, contra todo pronóstico y desmintiendo, por enésima vez, todos los resultados de las encuestas electorales previas, la opción del NO se impuso por un estrecho margen de en torno a los cincuenta mil votos y con una abstención de más del sesenta por ciento. El SÍ debió creerse las encuestas, pensar que ya tenía asegurada la victoria y que no hacía falta hacer mucho más. Pero, ¿han fallado solamente las encuestas? ¿Qué es lo que ha llevado a los colombianos a votar esta opción de manera mayoritaria? ¿Sigue teniendo legitimidad la búsqueda de la paz pactada pese a este rechazo? ¿Significa esto que Colombia ha votado guerra? Son muchos los interrogantes que se abren ante esta situación tan inesperada como incomprensible entre muchos de los analistas y especialistas.
Son más de cincuenta los años que este conflicto lleva manteniendo en jaque a buena parte de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. Aunque se suele caer en la simplificación de tratar el mismo como una lucha entre las FARC y el Ejército Colombiano, es necesario puntualizar que son muchos los actores que han intervenido e intervienen en el desarrollo del mismo, haciendo muy complicada la descripción desde posturas simplistas. Es por eso por lo que la victoria del NO, abanderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha sorprendido aún más: una campaña simplista, que reduce el conflicto a una serie de problemas jurídicos, a un "los malos contra los buenos" y que pretende darle una solución a golpe de ley, sin ir más allá. Como suele suceder en todos los conflictos políticos violentos. De nuevo vemos la lucha entre los que consideran la violencia política como un crimen más (con su solución únicamente jurídica) y los que la conciben como un problema histórico que necesita de respuestas políticas y estructurales de profundo calado. Tampoco se puede pasar por alto el gran argumento sobre el que descansaba dicha campaña: el miedo a la impunidad y a una amnistía total; argumento que se desvanece al acudir a las páginas 136 y 137 del tratado a refrendar.
Desde 1964, año en el que las FARC se alzaron en armas contra el Estado colombiano, se han sucedido una serie de acciones bélicas que han convertido este conflicto en el más sangriento y duradero de América Latina. Según los datos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica del gobierno de Colombia, entre 1958 y 2012, han perdido la vida un total de 218.094 personas de las cuales 40.787 eran combatientes (un 19% del total) y 177.307 eran civiles (un 81% de la cifra total). Sirvan estas cifras como un pequeño ejemplo de la magnitud del conflicto. Sin embargo, a diferencia de los intentos de unos y de otros por identificar el problema con una u otra cuestión, las cosas no son tan sencillas cuando se aborda el tema de la violencia política.
La grave crisis social y política que en el año del inicio del conflicto ahogaba a Colombia es, quizás, uno de los mejores ejemplos de que cualquier expresión de violencia política no es únicamente un problema legal. Y el pasado domingo se pudo ver que esos mismos problemas del turnismo político, la falta de tierras controladas por campesinos, de desigualdad social y de falta de acción política real que generó el alzamiento armado de las FARC no ha hecho sino mantenerse y volver a caer en el centro de la diana. Solo así se puede comprender el resultado de la abrumadora victoria del SÍ en las zonas periféricas del país (las más afectadas por el conflicto) frente a la victoria del NO en las zonas centrales, aquellas que apenas han sufrido bombardeos, atentados o migraciones forzosas.
A partir de 1986 asistimos a otro de los grandes fracasos de los que Uribe ha hecho bandera en estos días: los inicios de la guerra sucia, las autodefensas y, a partir de 1999, el Plan Colombia. Soluciones definitivas del conflicto, decían. Violencia para acabar con la violencia y, como hasta el momento, ausencia absoluta de política, de soluciones políticas para conflictos políticos. Esta es la clave: el error a la hora de adjudicar vías de solución. ¿Se necesita la ley para enfrentarse a un conflicto de violencia política? Por supuesto. Pero también de Política, con mayúsculas.
Sin embargo, el discurso uribista de la necesidad de buscar una paz con la ley por delante solamente demuestra una cosa: para algunos, la ley está escrita en piedra, es invariable y está por encima de toda historia y sociedad. Jamás podrá variarse y servirá para solucionar cualquier tipo de conflicto ya sea social, político, jurídico, etc. Tal visión reduccionista demuestra que, en el fondo, no hay interés en solucionar los problemas que acabaron derivando en la guerra más larga que ha vivido el continente americano. Sin enemigo no hay discurso; sin discurso no hay mantenimiento del status quo, piensan las grandes figuras del NO. Si a todo esto se añade el ojo que el actual presidente Juan Manuel Santos tiene puesto en "apuntarse el tanto" de la paz, ya tenemos la lucha de discursos lista: "todo es un problema legal y con ley se acabará con los enemigos de la patria" vs "yo traje la paz". Y, mientras tanto, las causas reales del conflicto siguen sin abordarse en serio más allá de algunas disposiciones incluidas en el tratado.
En definitiva, el problema seguirá presente si no hay interés en acabar con él, por mucha retórica que haga pensar lo contrario. Además, tras escuchar las declaraciones del presidente Santos poniendo fecha final al cese de hostilidades "definitivo", el panorama del conflicto colombiano cada vez se complica más. El 31 de octubre sabremos si las armas vuelven a destruir un país o si los líderes son capaces de afrontar los problemas políticos y sociales con la Política como único fusil.