17 de septiembre de 2009

La Fiscalía afirma que el Ejército conocía de antemano los planes para la toma del Palacio de Justicia

BOGOTÁ, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía colombiana afirmó hoy durante el juicio contra el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, que podría ser juzgado por secuestro agravado y desaparición forzada, que desde octubre de 1985, el Ejército estaba enterado del plan del movimiento insurgente Movimiento 19 de abril (M-19) para tomar el Palacio de Justicia, uno de los incidentes más violentos que protagonizó el ya extinto grupo.

El incidente fue un asalto perpetrado el 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del M-19 a la sede del Palacio de Justicia, ubicado en la plaza de Bolívar de Bogotá, tras el cual la Policía y el Ejército rodearon el edificio e iniciaron una operación que se extendió hasta el día siguiente para intentar retomar el lugar.

El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, y se saldó con decenas de muertos y al menos diez personas que aún hoy continúan en paradero desconocido, aunque las cifras varían dependiendo de la fuente.

El escrito de acusación presentado por la fiscal Ángela María Buitrago hace referencia a un documento de inteligencia militar, de carácter reservado, entregado al Comando General de las Fuerzas Militares el 16 de octubre de 1985, tres semanas antes de la cruenta toma cometida por el Palacio de Justicia, informó la emisora colombiana Caracol Radio.

"El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el día jueves 17 de octubre cuando los 24 magistrados estén reunidos tomándolos como rehenes al estilo embajada de Santo Domingo, harán fuertes exigencias al gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición", indica el citado documento.

DETENCIONES E INTERROGATORIOS

La Fiscalía también reveló que según los documentos y testimonios que se adjuntaron en más de 30.000 folios del proceso, la Escuela de Caballería, cuyo director en la época de la toma del Palacio de Justicia era el acusado, era un lugar habitual para llevar a cabo detenciones e interrogatorios.

"El contexto probatorio demuestra que era un lugar habitual de detención la Escuela de Caballería, que además se realizaban prácticas de interrogatorio que atentaban contra los derechos de las personas sometidas a esa medida como lo atestiguó José Vicente Rubiano, quien fue acusado de pertenecer al grupo que apoyó la toma del Palacio de Justicia", indicó.

Según la acusación de la Fiscalía, "en la Escuela de Caballería se retenía de tiempo atrás y para la época de la toma del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, a personal detenido y en particular a todos los sospechosos de ser miembros del M-19 (...)". También explica que durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, "se rescataron 215 personas, otras 215 fallecieron, se practicaron 93 necropsias y 70 cadáveres fueron identificados".

"Luis Alfonso Plazas Vega se encargó de conformidad con la prueba, de recibir en la Escuela de Caballería, las personas que habían sido detenidas en los hechos del Palacio de Justicia, entre esas personas que habían salido con vida del trágico episodio del Palacio de Justicia y llevadas con vida a la Casa del Museo del Florero", agrega el escrito de acusación.

"El coronel estuvo pendiente de los rehenes, dio las órdenes de formar en fila a los liberados, se entrevistó con los rehenes, recibía la información e interrogaba a los liberados. Esos rehenes son llevados a la Escuela de Caballería, y hoy no aparecen", manifestó la fiscal, según declaraciones recogidas por el diario 'El Tiempo'.

A lo largo del juicio, la Fiscalía ha hecho varias afirmaciones polémicas: la primera, que el incendio del Palacio fue provocado por los militares, primero con los disparos de un tanque contra el Palacio y luego, con la supuesta intervención directa de soldados en la biblioteca. "Hay testimonios de que hombres con camuflado estaban incendiando la biblioteca, señora jueza. Y está documentado que los guerrilleros no tenían camuflados", afirmó la fiscal.