WASHINGTON, 20 Ene. (Notimex/Notimérica) -
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha defendido hoy antes los legisladores las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente estadounidense, Barack Obama, sobre armas de fuego, ya que considera que se ajustan a la Constitución.
Obama anunció recientemente una serie de medidas ejecutivas para fortalecer los controles sobre la tenencia de armas de fuego y reducir así la violencia armada que cada año provoca la muerte de 30.000 personas en Estados Unidos.
Lynch ha señalado que estas acciones ejecutivas permitirán eliminar la opacidad en algunas áreas que se rigen por las leyes actuales. "Tengo confianza total de que los pasos sensibles anunciados por el presidente son legales. Son consistentes con la Constitución como lo ha interpretado la Corte Suprema y las leyes aprobadas por el Congreso", ha manifestado al comparecer ante un panel del Senado.
La procuradora ha reiterado que estas acciones tienen como objetivo ampliar la verificación de antecedentes de quienes buscan adquirir armas de fuego en el país y evitar así que los criminales se hagan con ellas.
Por su parte, el senador republicano del estado de Alabama, Richard Shelby, que presidió la audiencia de Lynch ante el panel del Comité de Apropiaciones del Senado, ha manifestado a la fiscal las protestas de los opositores que acusan al Gobierno de querer quitarles las armas a los estadounidenses, un derecho protegido por la segunda enmienda constitucional.
"Me queda claro que los estadounidenses están temerosos de que el presidente Obama está ansioso de arrebatarles sus derechos bajo la segunda enmienda", declaró Shelby.
Lynch desestimó las acusaciones de opositores y del senador, que insistió en que la Constitución no permite al presidente actuar de manera unilateral "y los estadounidenses no lo permitirán", advirtió.
Bajo estas acciones ejecutivas, las personas que vendan armas de fuego deberán obtener una licencia primero y se anticipa que la medida impactará en especial a quienes se dedican a esa actividad en las llamadas ferias de armas, donde en ocasiones los controles son escasos.
De igual manera esos comerciantes deberán verificar los antecedentes penales de quienes van a adquirir armas de fuego, algo que el gobierno considera fundamental ya que uno de cada 30 potenciales compradores han cometido algún tipo de crimen.