Actualizado 22/11/2006 06:25

FMI.- El Banco Mundial autoriza 170 millones de dólares para la fabricación de la planta de celulosa en Uruguay


NUEVA YORK, 22 Nov. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -

La Corporación Financiera Internacional, organismo privado dependiente del Banco Mundial, anunció hoy que su Junta Directiva aprobó una inversión de 170 millones de dólares (132 millones de euros) para el proyecto de la planta de celulosa Orión en Uruguay, un proyecto cuya autorización requirió una evaluación meticulosa de los beneficios económicos para el país y el daño medioambiental que podrá generar.

Un informe independiente emitido recientemente ofreció evidencias de que la zona local, que incluye la ciudad argentina de Gualeguaychú, no sufrirá un impacto medioambiental adverso, de tal forma que "se maximizan los beneficios económicos, ambientales y sociales para las comunidades locales a ambos lados del río", según el vicepresidente ejecutivo de la IFC, Lars Thunell.

Las mejoras ambientales relacionadas con la planta incluyen el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad cercana de Fray Bentos y la generación de electricidad por las operaciones de la planta, que contrarrestará 68.000 toneladas anuales de dióxido de carbono mediante el reemplazo de petróleo consumido en plantas generadoras públicas, señaló el Banco.

Otros beneficios serán la reducción de lluvia ácida, el tratamiento de los residuos no tratados de una planta de celulosa más antigua y la producción de suficiente clorato de sodio como para permitir que las plantas locales de Argentina y Uruguay pasen a la producción de celulosa libre de cloro elemental.

Según el Banco Mundial, la planta Orión representa la mayor inversión extranjera de la historia de Uruguay y ayudará al país a subir en la cadena de valor más allá de la exportación de materia prima, a la vez que creará unos 2.500 puestos de trabajo locales y generará un valor agregado equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay.

Además, la papelera representará más del 8% de las exportaciones del país por cada año de producción a plena capacidad. El proyecto de la papelera tiene abierto un caso en espera de veredicto ante el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, interpuesto por las comunidades vecinas que temen la contaminación que la planta pueda causar.