MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, y los pandilleros salvadoreños han manifestado su contariedad por el veto de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los nombramientos de David Munguía y Francisco Salinas como nuevos ministro de Seguridad y jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) respectivamente.
"No nos queda más que aceptar la sentencia, nos guste o no nos guste", ha declarado Funes, en referencia a la sentencia del CSJ. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional ambas designaciones por no tratarse de ciudadanos civiles y, por ende, violar la separación entre las funciones de Defensa y Seguridad que explicita la Constitución salvadoreña, en base a la formación, preparación y disciplina militar de ambos.
En su programa radiofónico 'Conversando con el presidente', Funes ha acusado al CSJ de desentenderse de la actual evolución de la coyuntura pandillera en El Salvador. "Ya no se puede hablar de la milicia del pasado, no se puede hablar de una milicia represiva y autoritaria como dicen ellos", ha afirmado, en alusión al argumento esgrimido por el tribunal que invocó las similitudes de dichos nombramientos con los "regímenes militares represivos".
El presidente de El Salvador ha alegado que la ciudadanía confía en su Ejército, si bien se ha apresurado a reafirmar su respeto a la sentencia del CSJ. Entretanto, ha nombrado como ministro de Justicia 'de facto' al 'número dos' del Ministerio, Douglas Moreno, según el diario salvadoreño 'Prensa Gráfica'.
REACCIÓN DE LAS MARAS
Los líderes de las maras han advertido de que este veto del CSJ pone en riesgo la tregua firmada con el Gobierno y que ha hecho disminuir las muertes por violencia callejera entre pandillas, según ha informado la cadena BBC.
"La decisión pone la vida de los salvadoreños en riesgo, al tiempo que amenaza el futuro del pacto de no agresión acordado el año pasado", han destacado los líderes pandilleros en una rueda de prensa.
Munguía fue uno de los principales artífices del acuerdo de tregua firmado en marzo del pasado año entre el Ejecutivo y las maras MS-13 y Calle 18.
Los líderes de ambas maras han expresado su compromiso con la tregua, a condición de que los nuevos ministro de Justicia y jefe de la PNC apoyen el proceso de paz.