Por Marco Aquino
LIMA (Reuters/EP) - El gabinete del presidente de Perú Alan García evitó el martes por breve margen una censura en el Congreso por unas recientes protestas que dejaron 34 muertos, en una acalorada sesión en la que los oficialistas argumentaron presión "externa" para desestabilizar al Gobierno.
La oposición, que había promovido la censura, no reunió los 61 votos necesarios -la mitad más uno de los 120 miembros del Congreso- para censurar al primer ministro Yehude Simon, jefe del gabinete de Gobierno del presidente Alan García.
La votación para Simon, quien ha afirmado que de todas maneras planea renunciar en las "próximas semanas", fue de 56 votos por la censura, 32 por su permanencia y 11 abstenciones.
Los opositores tampoco lograron reunir votos para censurar a la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas.
El presidente García encaró a inicios de junio la peor protesta en su contra por parte de nativos amazónicos que reclamaron la derogatoria de leyes que afectan sus territorios, ricos en recursos naturales. Tras los duros enfrentamientos, el Gobierno cedió y eliminó las polémicas leyes.
Legisladores de oposición dijeron que, aunque no se logró la censura, el resultado denota que la mayoría política del Congreso no quiere al gabinete de García.
"Si sumamos los 56 votos por la censura de Simon y las 11 abstenciones, técnicamente prosperó la censura", dijo Víctor Andrés García Belaunde, legislador de una alianza parlamentaria cuyos votos no tienen dirección definida en el Congreso.
La censura fue promovida principalmente por el Partido Nacionalista -la segunda fuerza política en el parlamento-, del líder opositor y militar retirado Ollanta Humala.
Entre los mayores actores del Congreso unicameral peruano figura el oficialista Partido Aprista con 36 legisladores, la primera minoría. La segunda es del Partido Nacionalista con 23, mientras el conservador Unidad Nacional y el partido del ex presidente Alberto Fujimori tienen 13 parlamentarios cada uno.
El partido nacionalista no pudo contar con siete miembros suspendidos hace unas semanas por realizar una protesta a favor de los indígenas dentro del Congreso.
PRESION "EXTERNA"
En la intervención de los legisladores oficialistas algunos acusaron a "extremistas" locales de buscar la caída del gabinete de García para sembrar el "caos" en el país.
El parlamentario aprista César Zumaeta, en una crítica al líder nacionalista Humala, afirmó incluso que los opositores en Perú tienen como objetivo importar el modelo "estatista" del Gobierno del presidente izquierdista venezolano Hugo Chávez.
Humala, considerado candidato presidencial para el 2011, perdió las elecciones del 2006 frente a García en un proceso en el que contó con el apoyo del mandatario venezolano, Hugo Chávez.
"Los sectores radicales, los sectores extremistas están levantando esta bandera en Perú con el apoyo de Hugo Chávez y del (presidente boliviano) Evo Morales", afirmó Zumaeta.
Chávez y Morales son aliados que afirman llevar adelante una "revolución socialista" en sus respectivos países.
En una réplica, el legislador Juvenal Silva, del Partido Nacionalista, refirió que el Gobierno de García sólo busca pretextos para no asumir su responsabilidad frente a las violentas protestas de los nativos amazónicos.
"La censura no es contra Hugo Chávez, Evo Morales ni el Chavo del Ocho, es contra los 34 muertos", dijo Silva.
Si censuraban a Simon, todo el gabinete de Gobierno iba a poner sus cargos a disposición del presidente García, quien tiene la potestad de renovar a su equipo de ministros o ratificar a los funcionarios que crea conveniente.
Simon, quien asumió el cargo en octubre, estuvo preso ocho años en la década pasada acusado de tener vínculos con el grupo guerrillero MRTA, que cobró notoriedad en 1996 con el secuestro de invitados extranjeros en la embajada de Japón en Lima.
Analistas afirman que en caso de una censura o renovación del gabinete, García mantendría a su ministro clave Luis Carranza, titular de la cartera de Economía y Finanzas.
En tanto, las protestas no parecen terminar.
Un paro de un día de transportistas afectó a Lima -la principal plaza laboral del país- y el Gobierno emitió un comunicado para conceder una tolerancia de dos horas a la asistencia de los centros de trabajo, para evitar sanciones.
"Aproximadamente un 50 por ciento no ha logrado ingresar a la hora fijada en el trabajo, por falta de transporte público", dijo a periodistas el ministro de Trabajo, Jorge Villasante.
Imágenes de televisión mostraron a cientos de personas que intentaban tomar un vehículo mientras la policía vigilaba para evitar violencia debido a que algunos manifestantes arrojaron piedras a los autos que circulaban por la ciudad.
La policía informó de 108 detenidos por alterar el orden público y romper parabrisas de algunos buses y automóviles.