BUENOS AIRES, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Claudio Avruj, ha asegurado este jueves que el Gobierno supervisa la salud de la activista Milagro Sala, explicando que varios funcionarios se han desplazado a la provincia de Jujuy (en el norte del país), donde se encuentra detenida, para constatar que "las garantías de su detención estén cumplidas".
La detención de Milagro Sala el pasado 16 de enero ha provocado un clima de tensión en Argentina ante el temor de que el presidente, Mauricio Macri, reprima y criminalice la protesta social, algo que incluso Amnistía Internacional ha criticado.
Sala, líder de Tupac Amaru, una organización social con más de 70.000 afiliados, y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), fue detenida en Jujuy por los delitos de "instigación a cometer ilícitos y tumulto" durante las protestas por el recorte de subsidios ante la Casa de Gobierno.
"La semana anterior dos personas enviadas por mi y a pedido del Presidente estuvieron conversando más de una hora y media con Milagro Sala para interiorizarse de su estado y ver que las garantías de su detención estén cumplidas", ha destacado Avruj, tal y como informa la agencia de noticias estatal Télam.
"Además, estamos en contacto directo desde el primer día con la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, que nos informa permanentemente sobre su estado de salud", ha añadido el funcionario, que asegura que el Gobierno mantiene una relación "fluida y respetuosa" con los organismos de derechos humanos.
La detención fue promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ha vinculado a la detenida con el narcotráfico y negado que Salas sea una presa política, alegando que "las causas de la detención son hechos y delitos comunes", según informa el diario 'La Nación'.
Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para exigir su liberación inmediata al estar ante "un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión".
En el mismo sentido el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que la dirigente debe ser investigada en un marco legal correcto, no por encabezar protestas sociales, "porque esto es criminalización" y forma parte de la política de represión que Macri pretende imponer a nivel nacional.