Por Gabriel Burin
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Argentina volverá a cuidar las cuentas públicas tras las elecciones del domingo, limitando el gasto para pagar los 20.000 millones de dólares de deuda que tiene que cancelar hasta el 2010 ante la baja de los ingresos y la falta de financiamiento externo.
Además, entre los desafíos económicos post-electorales, las autoridades deberán enfrentar el creciente reclamo de las provincias, que elevarán sus voces para pedir un mejor reparto de los fondos federales, especialmente luego de que el Gobierno quedara debilitado por un mal resultado electoral.
Una estrategia de gastos más conservadora y una discusión por dinero con los gobernadores podrían empañar aún más el panorama económico. Pero en lo inmediato no habría grandes cambios en ambos frentes, y aparte, el Gobierno puede hallar respuestas imprevistas si se agudizan los pedidos sectoriales.
El superávit fiscal, que la gestión de la presidenta Cristina Fernández necesita para pagar la deuda, se derrumbó en mayo un 85 por ciento. La crisis global y el declive de la economía local afectaron la recaudación, mientras que el gasto subió por las medidas de estímulo y la campaña electoral.
El resultado de mayo, último dato disponible de las finanzas públicas, puso a la política presupuestaria nacional en el centro de la atención, pues ahora la administración tiene menos alternativas que en años anteriores para conseguir recursos.
Por el lado de los ingresos, un aumento impositivo no aparece políticamente viable, y el refuerzo de la recaudación a través de la devaluación del peso, que impulsaría los ingresos por los tributos a las exportaciones, acarrea el riesgo de un nuevo salto inflacionario.
En materia de ayuda externa, el cuadro también parece acotado ante la negativa del Gobierno a acudir al capitalizado Fondo Monetario Internacional. La administración anterior del ex presidente Néstor Kirchner, esposo de Fernández, culpó al FMI de los males del país y lo alejó del organismo.
FRUGALIDAD
Eduardo Levy-Yeyati, director de estrategia de mercados emergentes de Barclays Capital, dijo a Reuters que las autoridades nacionales "serán frugales en términos del gasto, porque hoy no tienen los bolsillos que tenían hace un par de años".
Un informe de la consultora Prefinex dijo que "los rubros en los cuales el Gobierno cuenta con mayor discrecionalidad y por ende son las posibles variables de ajuste son subsidios al sector privado e inversión", en referencia a la vasta red de apoyos sectoriales y las multimillonarias obras públicas.
Una moderación de los subsidios de servicios públicos requeriría alzas compensatorias de tarifas, que suelen ser desagradables en un contexto de inflación alta que el Gobierno no reconoce. Y una inversión más tenue afectaría al nivel de actividad, ya perjudicada por la crisis local y global.
Sin embargo, para los analistas, no habrá cambios de política económica muy significativos en el corto plazo.
Diego Giacomini, economista de la consultora Economía & Regiones, ve una "suavización" del gasto en el segundo semestre limitando la baja del superávit, que podría terminar el año en 1,9 por ciento del Producto Interno Bruto, estimó. El Gobierno prevé un superávit de 3,27 por ciento del PIB.
PROVINCIAS
Las provincias convirtieron los pedidos de mayores giros de recursos nacionales en un grito de guerra de la campaña electoral. Los gobernadores vienen envalentonados desde que hace un año le torcieron el brazo a Fernández en un duro choque por un alza de impuestos al sector agropecuario.
Las negociaciones Nación-provincias han sido amargas en Argentina en el pasado. Los distritos, con sus propias cuentas muy ajustadas, tienen quejas históricas sobre la denominada "coparticipación" de impuestos. Y ahora existe el agravante del conflicto entre el Gobierno y el campo del año pasado.
Pero en este plano tampoco habría novedades pronto. Por más que crecerá el número de la oposición del interior del país en el Congreso, pasarán cinco meses hasta que los legisladores asuman, y aún si cumplen sus promesas de buscar modificaciones, se augura un largo debate parlamentario.
Aparte, según Levy-Yeyati, "ni los gobernadores ni el Gobierno (federal) son fiscalmente suicidas, va a haber más ruido que sangre". Pese al énfasis que ponen en sus reclamos, las provincias nunca cortan con la Nación, dado que eso afectaría a sus propias economías y a las aspiraciones de sus políticos.
Más allá de todo, si se recalienta la situación social y política por un enfoque más austero, en última instancia el Gobierno ya mostró una gran capacidad para hacerse de recursos en formas originales que le han servido para apaciguar demandas sectoriales, aunque sus sorpresas han generado polémica.
La última fue el traspaso de los fondos privados de pensiones, que dejó en manos del Estado una enorme suma de casi 24.000 millones de dólares a fines de 2008, con los que el Gobierno dio créditos para distintos fines, enfrentando críticas por usar dinero de los jubilados para otros asuntos.