Publicado 18/01/2020 07:21

El Gobierno de Bolivia solicita una "medida cautelar" al Tribunal Constitucional para parar la ley de garantías

25 November 2019, Bolivia, La Paz: Bolivian interim President Jeanine Anez delivers a statement before accrediting Salvador Romero as the new member of the Bolivian Supreme Electoral Tribunal. Photo: Diego Valero/ABI/dpa
25 November 2019, Bolivia, La Paz: Bolivian interim President Jeanine Anez delivers a statement before accrediting Salvador Romero as the new member of the Bolivian Supreme Electoral Tribunal. Photo: Diego Valero/ABI/dpa - Diego Valero/ABI/dpa - Archivo

La presidenta del Senado solicitará a Áñez una reunión para debatir su contenido

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno interino de Bolivia ha solicitado este viernes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una "medida cautelar" que paralice el proceso legislativo de la ley que garantiza la "plena" vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, también para los que se encuentran en el extranjero.

La ley, llamada 'Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos', ya ha sido aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados de Bolivia, pero el Gobierno interino entiende que la norma implica "impunidad" para los exmiembros del Ejecutivo y dirigentes "vinculados con delitos". Por ello, ya anunció que la "neutralizará jurídicamente".

Así, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, ha solicitado este viernes una "medida cautelar" para parar el procedimiento legislativo hasta la emisión de una declaración constitucional sobre la norma.

"La presidenta (Jeanine Áñez) no lo va a promulgar, hemos mandado este recurso de medida cautelar al TCP hasta que éste pueda emitir un fallo", ha explicado Alanoca, según ha recogido el diario local 'La Razón'.

Por otro lado, la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, ha comunicado este viernes que solicitará a Áñez, una reunión para debatir el contenido de la ley.

"El lunes presentaremos una carta a la presidenta de transición para que nos podamos sentar y podamos debatir todo el contenido de la ley", ha precisado Copa, al tiempo que ha subrayado que "lo importante" es mantener "la paz y la pacificación en el país" en vista a las elecciones generales previstas para el 3 de mayo.

La mesa de diálogo formada por el Gobierno, organizaciones sociales y legisladores que se instauró tras las movilizaciones que se sucedieron en el país a raíz de las elecciones del 20 de octubre, que provocaron una crisis política en Bolivia, consensuó el proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos, además de para garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se hiciera por la vía constitucional y legal.

En concreto, el artículo siete de la ley establece que "el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional".

El expresidente Evo Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.