Publicado 04/02/2018 18:07

El Gobierno de México acuerda con la oposición entregar 900 millones de pesos al estado de Chihuahua

Enrique Peña Nieto
REUTERS / CARLOS JASSO

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) -

El Gobierno de México ha llegado a un acuerdo con un gobernador de oposición, Javier Corral, que denunció represalias económicas contra su estado por una investigación sobre corrupción que involucra a un exfuncionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, según han informado en un comunicado.

Con el acuerdo, el Gobierno mexicano se ha comprometido a entregar de manera inmediata 900 millones de pesos (48,4 millones de dólares) que se adeudan al fronterizo estado de Chihuahua y transferir a una prisión federal a Alejandro Gutiérrez, exsecretario del PRI acusado de desviar recursos públicos, quien se encuentra en una cárcel estatal.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), denunció en enero que tras la detención en diciembre de Gutiérrez, el secretario de Hacienda le trasladó que los recursos no serían entregados debido a la pesquisa por supuesto desvío de fondos públicos.

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua apunta al supuesto desvío de 250 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) de recursos públicos, que habría sido cometido por varios exfuncionarios y derivados con fines partidistas, una acusación rechazada por los líderes del PRI.

Desde que el presidente Enrique Peña asumió el cargo en 2012, los escándalos de corrupción, muchos en los estados gobernados por su partido PRI, han sacudido repetidamente al Gobierno. Sin embargo, las investigaciones han seguido principalmente el enriquecimiento personal en lugar de cómo se usa el soborno para financiar campañas políticas.

En el comunicado del sábado por la noche, el Gobierno se ha comprometido además a solicitar la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, del PRI, a cambio de que el Gobierno de Chihuahua decline su intención de presentar una controversia constitucional.

El traslado de Gutierrez se realizará con la certificación del organismo internacional Human Rights Watch que verificará el cumplimiento del Protocolo de Estambul, añadió el comunicado.