Por Marco Aquino
LIMA (Reuters/EP) - El Gobierno peruano cedió y dijo el lunes que buscará derogar dos cuestionadas leyes que desencadenaron las protestas de nativos amazónicos, las peores manifestaciones contra el presidente Alan García a tres años de su mandato.
El primer ministro, Yehude Simon, se reunió con algunos líderes de los indígenas en una zona selvática en el centro de Perú y afirmó otra vez que estaría dispuesto a renunciar luego de solucionar el conflicto que ha dejado 34 nativos y policías muertos.
Según los nativos los civiles muertos serían decenas.
"Mañana (martes) mismo presentaremos el proyecto de ley pidiendo al Congreso que se derogue el decreto 1090, así como el 1064" que los nativos afirman afectan sus territorios, dijo Simon a periodistas en la localidad selvática de San Ramón, en la región de Junín, a unos 350 kilómetros al este de Lima.
En el primer acercamiento con los nativos luego de los violentos sucesos del 5 del junio, Simon prometió además que el Gobierno levantará el estado de emergencia en Amazonas, donde murieron tras los enfrentamientos 24 policías y 10 civiles.
En la cita, los dirigentes de los indígenas prometieron al Gobierno reabrir temporalmente una carretera en San Ramón que estaba bloqueada desde el viernes, corte que afecta el suministro a la zona selvática central del país.
Los nativos amazónicos insisten en la eliminación de varias leyes bajo el argumento de que los "despoja" de sus tierras ricas en recursos naturales como petróleo y gas.
"No los vamos a defraudar, los compromisos que hemos adquirido ahora (...) se cumplirán sino no tendría ninguna razón el haber venido hasta acá", dijo Simon tras la reunión en la que se firmó un acuerdo de 12 puntos con los nativos.
SALIDA DE CRISIS
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien participó en el diálogo con las comunidades nativas, dijo a la radio local RPP que el Gobierno ha cedido todo lo que podía para restablecer la paz con los indígenas.
"Creo que ha llegado el momento de construir el futuro y no llorar sobre el pasado", dijo Brack a periodistas.
La semana pasada, el Congreso -en medio de la presión- suspendió dos importantes leyes relacionados al conflicto y el Gobierno anunció la formación de una mesa de diálogo con representantes de los nativos para modificar las normas.
La mesa de diálogo, integrada también por representantes de la Defensoría del Pueblo, Iglesia y antropólogos, revisará otros decretos cuestionados por los nativos amazónicos.
El presidente García ha prometido que los acuerdos a que se lleguen en estos diálogos serán vinculantes, pero dirigentes de la mayor organización de nativos amazónicos reclamaron que no han sido invitados a estas primeras conversaciones.
"Tienen que estar todas las organizaciones representativas en mesa de diálogo. No queremos seguir en la confrontación, queremos diálogo", afirmó Deisy Zapata, vicepresidenta de la organización indígena conocida por sus siglas como AIDESEP.
El líder de AIDESEP, Alberto Pizango, está acusado de rebelión y sedición y permanece refugiado en la embajada de Nicaragua en Lima, bajo la condición de asilado.
Simon afirmó que el Gobierno no ha excluido a la AIDESEP y que participarán en el análisis de las leyes cuestionadas.
Mientras tanto, el conflicto permanece aún tenso.
Cientos de campesinos que apoyan la causa de los nativos amazónicos continuaban el lunes apostados en la cabecera de la pista del pequeño aeropuerto en Andahaylas, ubicado en los andes de Perú, paralizado desde el viernes por la protesta.
En Yurimaguas, en el norte de Perú, los nativos mantienen bloqueado una principal carretera que los aisla de otras ciudades, pero sin incidentes de violencia con la policía.