LIMA (Reuters/EP) - El Gobierno peruano dijo el martes que avanzó en sus conversiones con dirigentes de organizaciones sociales para sofocar nuevas protestas en el centro y sur del país, donde sus principales carreteras permanecen bloqueadas en demanda de mayor inversión y atención del Estado en esa zonas.
El brote de protestas se registra desde hace unos días en las ciudades de Andahuaylas y Cusco, casi tres semanas después de que duros enfrentamientos dejaron 34 policías y nativos amazónicos muertos en la Selva norte de Perú, en la peor manifestación que encaró el presidente Alan García.
"Hasta el momento, creo que hemos avanzado bien", dijo a periodistas el primer ministro, Yehude Simon, quien se reunió con varios dirigentes de algunas fuerzas civiles de la ciudad Andahuaylas, a unos 400 kilómetros al sur este de Lima.
Simon, cuyas declaraciones fueron transmitidas por radios locales de Lima, afirmó que el Gobierno garantizó a los representantes de esa zona la construcción de carreteras y que el aeropuerto de Andahuaylas no será privatizado.
Los manifestantes de la zona han invadido y tomado desde hace dos semanas el pequeño aeropuerto de Andahuaylas.
"Estamos reunidos con los hermanos andinos en una reivindicación que tiene muchísimos años. Ha sido un diálogo muy amplio, sin dificultades", dijo Simon a la radio RPP.
El primer ministro planea viajar el miércoles a Cusco, donde miles de trabajadores marcharon el lunes para rechazar los planes del Gobierno de construir una planta hidroeléctrica, por temores a daños ambientales, entre otros pedidos.
Las fuertes protestas de inicios de junio golpeó al presidente García, cuya aprobación a su gestión cayó a 21 por ciento, nueve puntos porcentuales menos con respecto a mayo.
A las protestas en Andahuaylas y Cusco se ha sumado el "paro cívico" en la ciudad andina La Oroya, donde miles de trabajadores de la mina Doe Run mantienen bloqueada desde el lunes la carretera central del país en busca de atención del Gobierno para evitar el cierre de operaciones de la compañía.
La minería es uno de los motores de la economía del país.
Por el bloqueo de la carretera en La Oroya, la vía que une el centro del país con Lima, cientos de vehículos de carga y de pasajeros permanecían varados, según imágenes de televisión.
Las organizaciones sindicales tampoco quieren darle tregua al Gobierno y anunciaron más temprano la realización de un "jornada de protesta" nacional para el 8 de julio, en demanda
de mejoras laborales, el cambio de política económica del Gobierno y la renuncia del gabinete de ministros de García.
"El presidente García no puede anteponer su cálculo político, su soberbia a los intereses de la nación", dijo en una conferencia de prensa Mario Huamán, presidente de la CGTP, que reune a los mayores sindicatos de trabajadores del país.
Huamán anunció también que desde el miércoles se realizará un paro de 72 horas en la región de Puno, frontera con Bolivia, protesta organizada por la federación de campesinos.