Actualizado 08/06/2009 00:51

Gobierno peruano restaura orden, pero conflicto persiste

Por Marco Aquino

BAGUA GRANDE, Perú (Reuters/EP) - Una enérgica acción del Gobierno neoliberal de Perú logró el domingo restaurar parcialmente el orden en una ensangrentada región amazónica, pero no había visos de diálogo para revolver el conflicto en torno a una política de inversiones para explotar recursos naturales.

Las protestas indígenas del viernes y el sábado contra una ley pro inversiones que el presidente Alan García defiende a rajatabla dejaron decenas de policías y manifestantes muertos -36 según el Gobierno y más de 50 en el recuento de los nativos-, en el mayor desafío entrentado por el mandatario.

Sin negociación a la vista entre el Gobierno y los indígenas, que mantenían bloqueos en carreteras amazónicas, García denunció el domingo en Lima que potencias extranjeras, a las que no identificó pero que compiten en la explotación de petróleo, gas y minerales, estarían detrás de las protestas.

La organización de los indígenas conocida por sus siglas AIDESEP dijo que las protestas seguirían "hasta que se atiendan las demandas" y señaló que no podía confirmar que su líder, Alberto Pizango, se hubiera refugiado en la vecina Bolivia, como sugirió el Gobierno.

Champion Nonimgo, jefe en funciones de AIDESEP, declaró que no veía posibilidades de diálogo con "un Gobierno que masacra indígenas desde helicópteros", en tanto que García, próximo a completar el tercer año de su mandato quinquenal, anunció que seguiría aplicando "la firmeza de la ley" contra los rebeldes.

ENEMIGOS EXTERNOS

"Hay una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para beneficio, crecimiento y calidad de vida de nuestro pueblo", dijo García en un acto militar, en una denuncia que parecía estar dirigida contra los gobiernos izquierdistas de Venezuela y Bolivia.

Sectores del Gobierno peruano acusaron previamente a los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia de tener vínculos con los movimientos indígenas locales y con el líder nacionalista Ollanta Humala, rival político de García.

El gobernante peruano fue contundente al defender "la firmeza de la ley" para enfrentar a los nativos que protagonizaban el mayor desafío a su segundo mandato presidencial.

Calificó de "quintacolumnistas de nuestros adversarios y competidores internacionales" a indígenas y políticos opositores movilizados contra una ley que pretende captar inversiones para explotar crudo, gas y otros recursos naturales amazónicos.

"¿A quién le conviene, hay que preguntarse, el que Perú no utilice su gas, a quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo, a quién le conviene que el Perú no pueda explotar más y mejor sus minerales?", preguntó en tono enérgico. "Sabemos a quiénes les conviene", se respondió.

Los aparentes competidores regionales de Perú en el mercado de recursos naturales no serían otros que Venezuela, el principal productor de petróleo de Sudamérica, y Bolivia, el mayor exportador de gas natural, con mercados en Argentina y Brasil.

TENSION PERSISTE

Mientras la policía y el ejército consolidaban el orden en Bagua Grande y Bagua Chica, ciudades a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima donde se registró la violencia entre manifestantes y la fuerza pública, cientos de nativos mantenían bloqueos de carreteras en la también amazónica región de Yurimaguas.

Testigos dijeron que los indígenas congregados cerca de Yurimaguas anunciaron "resistencia total" contra el Gobierno, que guardaba silencio sobre ese persistente foco de conflicto.

Un jefe policial de alto rango dijo que el saldo oficial de la violencia en una carretera bloqueada y en una estación petrolera en la región de Bagua era de 23 policías, nueve indígenas y cuatro pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos.

Pero diversas fuentes no oficiales y dirigentes indígenas insistían en que había más de 30 nativos muertos y sugirieron que varios de ellos habrían sido arrojados a ríos de la zona.

"No tenemos ninguna información sobre la desaparición de indígenas muertos, eso lo tendrá que establecer el ministerio público", dijo el general Miguel Hidalgo, de la policía.

En Bagua Grande, entretanto, cientos de acongojados indígenas que se refugiaron en un centro católico pedían garantías para recoger a sus muertos supuestamente dispersos por el campo y hallar a incontables desaparecidos tras los choques del viernes y sábado con la fuerza pública.

Cobijados por las Hermanas de la Santísima Trinidad, los nativos -muchos heridos y con otras huellas de las peleas del viernes y sábado- denunciaron una supuesta acción gubernamental para ocultar la magnitud de la violencia.

"Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos", dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiadosÛ.

Jefes policiales evitaron rechazar de frente la denuncia de la desapariciÛn de cadáveres y dejaron el caso dependiendo de las investigaciones judiciales, en tanto que miembros de la jerarquía catÛlica anunciaron la búsqueda de los presuntos fallecidos.

La búsqueda abarcaría también a los desaparecidos, al menos 400 según los indígenas, que habrían huido monte adentro. Los indígenas levantaron una lista inicial de 72 desaparecidos.

La Cruz Roja dijo en Bagua Grande que había comenzado el acopio de datos, a la par de sus gestiones para garantizar los derechos de los 72 indÌgenas detenidos tras los choques.

(Carlos A. Quiroga. Editado por Rodolfo Saavedra)