Por Marco Aquino
LIMA (Reuters/EP) - El Gobierno peruano otorgó algunas concesiones el martes y logró suspender una protesta en una región andina, en el inicio de un proceso de conversaciones del primer ministro Yehude Simon con dirigentes de organizaciones sociales que demandan más inversión y atención del Estado.
La protesta había paralizado desde hace días la ciudad de Andahuaylas, en la región de Apurimac, una de las más pobres del país, ubicada a unos 400 kilómetros al sudeste de Lima.
Simon, que viajó a la zona de conflicto, dijo que el Gobierno firmó con los dirigentes de organizaciones gremiales de Andahuaylas una acta con varios compromisos, con la cual se suspendió la protesta hasta septiembre, cuando será evaluado el cumplimiento de los acuerdos.
"Se ha suspendido la medida de fuerza y en la medida de que se puedan cumplir los acuerdos quedará como una página más del levantamiento de pueblos", dijo Simon a la televisión estatal.
Entre los compromisos figura la construcción de una postergada carretera en la zona y la no privatización del aeropuerto de Andahuaylas, refirió.
El conflicto en Andahuaylas es parte de una nuevo brote de protestas que encara el Gobierno, luego de que a comienzos de junio duros enfrentamientos dejaron 34 policías y nativos amazónicos muertos en la selva norte de Perú, en la peor manifestación que encaró el presidente Alan García.
Simon planea viajar el miércoles a Cusco, donde miles de trabajadores marcharon esta semana para rechazar los planes del Gobierno de construir una planta hidroeléctrica por temores a daños ambientales, entre otras demandas.
OTROS FOCOS
El primer ministro ha afirmado que planea renunciar en las "próximas semanas" una vez zanjados los conflictos, pero la dimisión a su cargo sería solicitado por el Congreso el jueves, cuando se presentará llamado por la oposición para explicar su actuación frente a las manifestaciones.
Las fuertes protestas de junio golpearon al presidente García. La aprobación a su gestión cayó al 21 por ciento, nueve puntos porcentuales menos con respecto a mayo.
A las protestas en Andahuaylas y Cusco se ha sumado el "paro cívico" en la ciudad andina La Oroya, donde miles de trabajadores de la mina Doe Run mantienen bloqueada desde el lunes la carretera central del país en busca de atención del Gobierno para evitar el cierre de operaciones de la compañía.
La minería es uno de los motores de la economía del país.
Por el bloqueo de la carretera en La Oroya, la vía que une el centro del país con Lima, cientos de vehículos de carga y de pasajeros permanecían varados, según imágenes de televisión.
Las organizaciones sindicales tampoco quieren darle tregua al Gobierno y anunciaron más temprano la realización de una "jornada de protesta" nacional para el 8 de julio, en demanda de mejoras laborales, un cambio de política económica, y la renuncia del gabinete de ministros de García.
"El presidente García no puede anteponer su cálculo político, su soberbia a los intereses de la nación", dijo en una conferencia de prensa Mario Huamán, presidente de la CGTP, que reúne a los mayores sindicatos de trabajadores del país.
Huamán anunció también que desde el miércoles se realizará un paro de 72 horas en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, protesta organizada por la federación de campesinos.