WASHINGTON, 23 Sep. (Reuters/EP) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que va a adoptar una nueva política que podría limitar la capacidad del Gobierno para impedir que se lleven a cabo ciertos procesos judiciales alegando que se revelarán secretos de Estado y se pondrá en peligro la seguridad nacional, una táctica de la época en la que gobernaba George W. Bush que el Ejecutivo de Barack Obama ha mantenido en casos importantes.
El Departamento de Justicia afirmó que no aludirá al riesgo de revelar secretos de Estado con el propósito de "ocultar las malas actuaciones del Gobierno o de evitar el bochorno de las agencias o los responsables gubernamentales".
Fuentes del Departamento dijeron que la nueva política, que se deriva de una revisión ordenada este año por el fiscal general, Eric Holder, entrará en vigor el próximo 1 de octubre y no afectará a los casos en curso, como aquellos en los que el Ejecutivo de Obama ha decidido continuar con la postura del Gobierno anterior.
El Gobierno estadounidense ha alegado que algunos procesos judiciales no podían continuar porque, al tener que revelarse un secreto de Estado, podría ponerse en peligro la seguridad nacional. Entre ellos figuran el que versa sobre el programa de espionaje interior en el que se hicieron escuchas telefónicas, que Bush inició tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
El Gobierno de Obama mantuvo la estrategia de Bush para detener el juicio que se iba a celebrar a partir de una denuncia presentada por una organización benéfica musulmana cuyos abogados aseguraron que el Ejecutivo estadounidense le pinchó ilegalmente los teléfonos.
Igualmente, recurrió a la excusa de los secretos de Estado frente a un denunciante que acusó a una unidad de la empresa aeronáutica y de defensa Boeing de ofrecer apoyo y aviones a Washington para trasladar a presuntos terroristas a cárceles secretas del extranjero.
El fiscal general de Estados Unidos explicó en un comunicado que la nueva política "establece procedimientos claros que estipularán una mayor responsabilidad y garantizarán que el privilegio de los secretos de Estado se invoca sólo cuando es necesario y de la forma más limitada posible".
El Departamento de Justicia precisó que el asunto de los secretos de Estado sólo se alegará en un tribunal cuando la "defensa nacional" pueda sufrir un "daño auténtico y significativo" o cuando "estén en juego las relaciones internacionales". Además, el Departamento contará con un comité de revisión y el Gobierno tendrá que contar con la aprobación de Holder para invocar el secreto de Estado.