La ONU expresa su alarma por el recrudecimiento del conflicto y vuelve a pedir una "pausa humanitaria"
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de unidad de Libia ha asegurado este miércoles que expandirá su ofensiva contra las fuerzas leales a las autoridades asentadas en el este del país, después de los avances relámpago obtenidos el lunes al oeste de la capital, Trípoli.
El presidente del Alto Consejo de Estado, Jalid al Mishri, ha resaltado que entre los objetivos figura la toma de la ciudad de Tarhuna, ubicada al sureste de Trípoli, antes del inicio del mes de Ramadán, que arrancará el 24 de abril.
"Hay en marcha preparativos elaborados desde el lanzamiento de la 'Operación Tormenta de Paz'", ha resaltado, en referencia a la ofensiva que permitió al Gobierno de unidad tomar Surman, Dahman, Sabraza y Ajilat.
Por su parte, el primer ministro del Gobierno de unidad, Fayez Serraj, se reunió el martes con varios comandantes para analizar la situación sobre el terreno, según ha informado el diario 'The Libya Observer'.
El propio Serraj dijo entonces que las fuerzas del Gobierno de unidad "seguirán luchando hasta controlar todo el país". "Seguiremos luchando hasta que controlemos todo el país para permitir a los desplazados volver a casa", señaló, antes de agregar que su Gobierno "no olvidará nunca ni perdonará a los que le apuñalaron por la espalda".
Asimismo, advirtió a todos los países que apoyan la ofensiva del mariscal de campo Jalifa Haftar contra Trípoli de que "sus hijos volverán en ataúdes junto a sus documentos de identidad".
LA ONU EXPRESA SU ALARMA POR LOS COMBATES
Por su parte, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha expresado este mismo miércoles su alarma por el "continuo recrudecimiento de la violencia en Libia" y ha señalado que los combates "han causado víctimas civiles y suponen un riesgo de nuevas oleadas de desplazamiento".
La UNSMIL ha mostrado su "gran preocupación" por los ataques contra civiles, la fuga de presos en una cárcel de Surman y la liberación de 401 reos "sin los procedimientos y veto adecuados", la mutilación de cadáveres, las venganzas, los saqueos, y los incendio de instalaciones tras los avances del gobierno de unidad al oeste de la capital.
Así, ha resaltado que está analizando las acusaciones y ha agregado que "de ser verificadas, supondrían graves violaciones del Derecho Humanitario", al tiempo que ha condenado igualmente los ataques "indiscriminados" de las fuerzas de Haftar contra Trípoli, que han dejado víctimas civiles.
"La UNSMIL advierte de que los actos de venganza recrudecerán el conflicto y llevarán a un círculo de venganza que amenaza la fábrica social en Libia", ha manifestado.
Por ello, ha pedido a las partes en conflicto que reduzcan la violencia y la incitación y que "respeten inmediatamente los reiterados llamamientos del secretario general (de la ONU, António Guterres) y los socios internacionales para una pausa humanitaria".
RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO
El Gobierno de unidad había denunciado en las últimas semanas un incremento de los ataques contra la capital, así como un corte del suministro de agua y luz a manos de grupos armados vinculados a Haftar.
Los combates han continuado en las últimas semanas a pesar de que ambas partes se mostraron a mediados de marzo favorables a un alto el fuego humanitario para intentar contener la pandemia de coronavirus.
El conflicto en Libia se recrudeció en abril de 2019, cuando las fuerzas lideradas por Haftar lanzaron una ofensiva para hacerse con Trípoli, sede del Gobierno de unidad.
Además, Haftar anunció a mediados de diciembre el inicio de la "batalla final" y la "hora cero" por Trípoli y ordenó a sus fuerzas avanzar hacia la ciudad. En este contexto, sus fuerzas tomaron por sorpresa a principios de enero la ciudad de Sirte, en un duro golpe al Gobierno de unidad.
El inicio de las operaciones militares encabezadas por Haftar llegó tras varios años de intentos infructuosos de lograr una solución política a la fragmentación en diversas administraciones tras la captura y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011.
La duplicidad institucional se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.