MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de unidad de Libia ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lleve ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a los responsables del asesinato de decenas de personas cuyos cuerpos han sido hallados en fosas comunes en la ciudad de Tarhuna tras la retirada de las fuerzas de Jalifa Haftar.
El ministro de Exteriores del Ejecutivo con sede en Trípoli, Mohamed Siala, ha resaltado que el organismo "debe asumir sus responsabilidades (...) y llevar el asunto de estas fosas al TPI para que los criminales sean llevados ante la justicia y garantizar que no quedan sin castigo".
Así, ha solicitado igualmente al TPI que "adopte las medidas necesarias y urgentes para investigar los crímenes de Haftar y sus milicias en Tarhuna y hacer los mayores esfuerzos para castigarles y que los responsables y sus líderes rindan cuentas ante la justicia internacional".
Siala ha criticado además "el silencio e indiferencia" del Consejo de Seguridad ante los llamamientos del Gobierno de unidad para adoptar "una postura firme" contra Haftar por su ofensiva contra Trípoli y ha argumentado que "eso ha llevado a los crímenes que se ven hoy y al descubrimiento de fosas comunes en Tarhuna".
En este sentido, ha indicado que hasta el momento han sido halladas once fosas comunes en la ciudad, que estuvo bajo el control de la milicia Kainat, aliada en un primer momento con el Gobierno de unidad pero que finalmente cambió de bando y apoyó la ofensiva de Haftar, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.
Las autoridades libias han informado hasta la fecha de los nombres de más de 120 personas cuyos cuerpos han sido exhumados en estas fosas, si bien aún quedan cuerpos por identificar y por exhumar en la zona, por lo que el balance definitivo será más elevado.
La Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) expresó la semana pasada su "horror" por el hallazgo de las fosas comunes y resaltó que "el Derecho Internacional requiere que las autoridades lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas y transparentes en torno a todos los supuestos casos de muertes ilegales".
En este sentido, aplaudió la decisión del Ministerio de Justicia del Gobierno de unidad de establecer un comité para analizar el caso y pidió el inicio de los trabajos para "garantizar la seguridad de las fosas comunes, identificar a las víctimas, establecer la causa de las muertes y entregar los cuerpos a sus familiares".