MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cientos de solicitantes de asilo se han concentrado este martes en el mayor campo de migrantes y refugiados de la isla griega de Lesbos, el de Moria, para protestar por las condiciones en que viven, dos días después de que se incendiase uno de los contenedores habilitados como vivienda.
El campo de Moria, una sucesión de tiendas y contenedores concebido en su día para albergar a 3.000 personas, acoge en la actualidad a más de 13.000, en su mayoría procedentes de Siria, Afganistán e Irak. El incendio del domingo y los disturbios que estallaron a continuación pusieron de manifiesto las tensiones latentes.
Con pancartas en las que se podía leer "Moria es el infierno" o "Queremos seguridad y libertad", cientos de personas se han manifestado este martes para reclamar una mejora de su situación, ante la presencia de más de una veintena de efectivos antidisturbios, según la agencia de noticias Reuters.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido en Twitter de que "la tensión en el campo de Moria sigue siendo alta" y ha confirmado "otra mañana ajetreada" en la clínica que la ONG tiene en la zona. "Nuestros equipos están listos para responder a las necesidades que puedan surgir", ha asegurado.
En total, los centros de recepción repartidos por distintas islas del Egeo albergan a unos 30.000 migrantes. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha instado a las autoridades griegas a evacuar "urgentemente" estos centros, "peligrosamente sobresaturados", en palabras de una portavoz de la organización, Liz Throssell.
"Mantener a las personas en las islas en condiciones inadecuadas e inseguras es inhumano", ha advertido la portavoz, que ha llamado a completar los pasos anunciados por el Gobierno con el traslado inmediato de más de 5.000 solicitantes de asilo que ya han recibido la autorización para seguir el procedimiento en la Grecia continental.
El Ejecutivo, que cifra en unos 75.000 los solicitantes de asilo en Grecia, anunció el lunes una reforma de la política migratoria que contempla recortar los procedimientos, deportar a unas 10.000 personas antes de finales del próximo año y reforzar los controles en frontera.