Por Marco Aquino
TARAPOTO, Perú (Reuters/EP) - Cientos de manifestantes indígenas mantenían como rehenes el sábado a 38 policías en la Amazonía peruana, luego de que enfrentamientos entre efectivos de la fuerza y nativos causaran la muerte de 33 personas, en los peores incidentes de violencia del Gobierno de Alan García.
Los manifestantes también amenazaban con incendiar la estación petrolera de la estatal Petroperú, a menos que el Gobierno ordene a la policía que detenga sus operativos para despejar semanas de bloqueos a carreteras y ríos que han afectado los suministros de alimentos y combustibles.
Los grupos indígenas, ante el temor de perder el control sobre los recursos naturales, han protestado desde abril para obligar al Congreso a derogar varias leyes aprobadas por el Gobierno el año pasado, dirigidas a incentivar la inversión privada en zonas ricas en petróleo y gas.
La violencia se inició el viernes cuando la policía intentaba dispersar un bloqueo en el estrecho camino llamado "Curva del Diablo" de la localidad de Bagua Grande, en la región del Amazonas, unos 1.400 kilómetros al norte de Lima.
Los líderes indígenas afirmaron que al menos 22 manifestantes han muerto. El Gobierno reportó el fallecimiento de tres manifestantes y 11 oficiales de la policía. Al menos 100 personas resultaron heridas y parecía que los choques continuarían.
"Tienen que saber (todos los peruanos) que en este momento tenemos 38 policías rehenes", dijo el primer ministro Yehude Simon en una conferencia de prensa el viernes por la noche.
Simon instó a la calma, pero defendió el uso de la fuerza por parte del Gobierno.
DIVISION SOCIAL
La violencia, que provocó llamados a la renuncia de Simon y del ministro del Interior, destacó las profundas divisiones sociales en Perú entre la elite adinerada de Lima y los grupos indígenas pobres que viven en las zonas rurales.
También expuso la falta de control del Gobierno central sobre las regiones más remotas del país.
El viernes por la noche en un incidente por separado, el Ejército dijo que un soldado murió y cuatro resultaron heridos cuando remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso pusieron explosivos en uno de los helicópteros situados en las zonas de los valles de Apurímac y Ene, al este de Lima.
El grupo ha llevado adelante una campaña de insurgencia contra el Gobierno de Perú, pero se involucró en el narcotráfico luego de que sus líderes fueran capturados en la década de 1990.
García, cuyos índices de aprobación llegan al 30 por ciento, no posee apoyo masivo en las áreas rurales, especialmente en el Amazonas.
Sus críticos sostienen que no ha hecho lo suficiente por aliviar los niveles de pobreza, que se empinan hasta el 36 por ciento, y que el boom económico que disfrutó Perú antes de la recesión mundial no produjo cambios en la situación de los grupos con menores recursos.
También señalan que sus políticas favorecen al libre mercado y a la inversión extranjera, beneficiando mayormente a las elites de las grandes ciudades.
Algunas de las controvertidas leyes que han irritado a los grupos de nativos fueron aprobadas el año pasado por García mientras intentaba cumplir con el marco regulatorio de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Luego de los mortales enfrentamientos del viernes, miembros del Gabinete de García acusaron a los manifestantes de ser inflexibles y de rehusarse a negociar. También advirtieron que impondrían toques de queda.
Los líderes indígenas expresaron su enojo y dijeron que los aliados de García actuaron de mala fe cuando el jueves bloquearon una moción en el Congreso para abrir un debate sobre una ley que los nativos desean derogar.
"Yo quiero responsabilizar al Gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio", expresó el líder indígena Alberto Pizango a periodistas en Lima.