MIAMI, 3 Nov. (Reuters/EP) -
El tribunal para crímenes de guerra de Estados Unidos, que juzgará al saudí Abd al Rahim al Nashiri, acusado de conspirar junto a Al Qaeda para empotrar un bote cargado de explosivos contra el buque estadounidense USS Cole cuando estaba atracado en un puerto de Yemen en el año 2000, no tiene poder para liberar a Al Nashiri aunque este sea absuelto de los cargos que se le imputan, según han informado la Fiscalía Militar.
Al Nashiri, de 46 años de edad, será juzgado la semana que viene en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Un total de 17 marineros estadounidenses fallecieron y otros 30 resultaron heridos en el ataque. El acusado se enfrenta a la pena de muerte en caso de ser declarado culpable de todos los cargos, que incluyen conspiración, asesinato y perfidia.
El Gobierno de Estados Unidos ha informado de que, independientemente de la decisión del tribunal, éste no tiene autoridad para liberar al presunto conspirador de Al Qaeda hasta que las hostilidades enmarcadas en la 'guerra contra el terror' lleguen a su fin, conflicto que no tiene un marco temporal determinado, por lo que podría suponer su encarcelamiento de por vida.
Los abogados de la defensa han señalado que, en este caso, el juicio contra Al Nashiri es una pantomima, ya que no existen posibilidades reales de suspensión de la pena en caso de que sea declarado no culpable. Por ello, han solicitado al jurado militar que tenga que comunicar personalmente a Al Nashiri que podría ser ejecutado en caso de ser declarado culpable o encarcelado por el resto de su vida si es declarado inocente.
Asimismo, la defensa ha señalado que el jurado, los abogados y el resto de participantes en el juicio han de saber "si están participando en un juicio con consecuencias reales o simplemente en un juicio en el que una decisión política, ya hecha y confirmada, será hecha pública". "Para algunos, sus juramentos podrían evitar su participación en dicho juicio", ha subrayado.
Por su parte, la Fiscalía ha contestado que la autoridad del tribunal militar para juzgar a Al Nashiri sobre los cargos de crímenes de guerra está completamente separada de la Ley de Guerra gubernamental, que permite mantener encerrados sin fecha de liberación a los presos talibán o pertenecientes al grupo terrorista Al Qaeda para mantenerles alejados del campo de batalla. El tribunal de Guantánamo, inicialmente estructurado como una comisión militar, no tiene jurisdicción sobre ésta última", ha agregado.
"El Congreso no autorizó a las comisiones a resolver todos los aspectos de la vida del acusado", ha apuntado la Fiscalía. Asimismo, ha recalcado que el juicio a Al Nashiri es significativo y crucial porque asegurará "un interrogatorio completo, justo y de principios" de los cargos contra él. "No hay un resultado predeterminado", ha apostillado la fiscalía.
PENA DE MUERTE
El tribunal de Guantánamo considerará el asunto incluso aunque el Congreso pueda considerar medidas para expandir el uso de la detención militar y los tribunales militares para cualquier persona acusada de terrorismo, incluidos los ciudadanos estadounidenses.
De los seis hombres que han sido condenados o declarados culpables por cargos relacionados con el terrorismo en los tribunales de Guantánamo, uno está ya cumpliendo cadena perpetua.
Los otros han sido condenados a penas de entre nueve meses y catorce años de cárcel, aunque esta última podría recortarse bruscamente si el prisionero sudanés en cuestión mantiene su promesa de ayudar a juzgar a otros reos. Por último, otros dos han cumplido ya sus sentencias y han sido enviados a sus casas en Australia y Yemen, donde están en libertad.
A causa de estos dos últimos casos, el Congreso endureció las restricciones sobre la transferencia de prisioneros de Guantánamo a sus países de origen, haciendo casi imposible para el Ejecutivo repatriar a los reos de la base naval, aunque no supongan una amenaza para Estados Unidos o sus aliados.
Por ello, Al Nashiri será el primer preso de Guantánamo juzgado por cargos que podrían suponer la pena de muerte en caso de ser declarado culpable. El acusado fue capturado en Dubai en 2002 y permaneció durante años en prisiones secretas de la CIA en el extranjero, donde el Gobierno estadounidense ha reconocido que llevó a cabo simulaciones de ejecuciones y aplicó la técnica de interrogatorio del ahogamiento simulado, consideradas ambas como formas de tortura tipificadas como delito por el Derecho Internacional.
Otros cinco prisioneros acusados de participar en el complot para llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Centre --incluyendo al supuesto cabecilla intelectual, Jalid Mohammed-- serán acusados de crímenes que podrían suponer también la pena de muerte el año que viene.
El presidente estadounidense, Barack Obama, cedió a las presiones políticas y abandonó sus planes para transferirlos a tribunales federales en Nueva York, tras lo que envió los procesos de vuelta a Guantánamo.