MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El activista medioambiental guatemalteco Carlos Albacete aseguró hoy que en Guatemala se está creando "un estado de terror" amparado en una "impunidad absoluta". Asimismo, acusó a altos mandos policiales, a la Inteligencia militar y al sistema judicial de su país de complicidad en el atentado del que fueron objeto tanto él como esposa el pasado mes de enero en represalia por sus denuncias contra las usurpaciones de tierras de una reserva natural.
"En Guatemala hay un Estado fallido en el que la impunidad es absoluta", declaró Albacete en Madrid, con motivo de la rueda de prensa de presentación del 'Informe 2007. El estado de los Derechos Humanos en el mundo' de Amnistía Internacional.
"Se está creando un estado de terror que ha llevado al país a casi un estado de preguerra", prosiguió Carlos Albacete, codirector de la organización ecologista guatemalteca 'Trópico Verde', dedicada a proteger la Reserva de la Biosfera Maya --situada en la región del Petén, en el norte--, y que en los últimos cuatro años se ha dedicado a denunciar activamente la usurpación de tierras de la reserva por parte de ganaderos y presuntos narcotraficantes.
El "recrudecimiento de la violencia contra los activistas de Derechos Humanos está aumentando poco a poco", prosiguió, con la única novedad, precisó, de que por primera vez se está empezando a atacar a los sectores ecologistas, que "hasta el momento se habían escapado".
En enero de este año, Albacete y su esposa fueron objeto de un atentado contra su vida del que escaparon "de milagro", razón por la cual Amnistía Internacional lanzó una acción urgente para proteger su seguridad y la de otros miembros de 'Trópico Verde'. En la actualidad se encuentra en España, amparado por el programa de protección de defensores de la Sección Española de Amnistía.
Según Carlos Albacete, hay "pruebas" de que "altos mandos policiales" participaron en el atentado contra su vida, de que "la Inteligencia militar" había efectuado "el seguimiento previo al atentado" y de que las autoridades judiciales hicieron desaparecer "prácticamente todas las pruebas", tanto las balas utilizadas como los nombres de los testigos designados por la parte acusadora o de los agentes que acudieron a ayudar a la pareja.