26 de junio de 2006

Guatemala.- Activistas de DDHH respaldan en Guatemala al juez español que investiga el genocidio maya

Se manifestaron frente a Embajada española y entregaron un comunicado suscrito por 102 organizaciones a favor del juez Santiago Pedraz

GUATEMALA, 26 Jun. (EP/AP) -

Activistas de organizaciones de Derechos Humanos protagonizaron una manifestación en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien está en el país para tomar declaración a testigos y acusados del genocidio contra el pueblo maya de la década de los 80.

La manifestación se hizo frente a la sede de la Embajada de España en Guatemala, donde medio centenar de activistas entregaron un comunicado suscrito por 102 organizaciones de Derechos Humanos.

Las diligencias que Pedraz pretende llevar a cabo están suspendidas debido a que un tribunal local aceptó tramitar un conflicto de jurisdicción. Además, hay otros amparos y recursos que pretenden retrasar o impedir las diligencias.

Los activistas pidieron a Pedraz que, si las investigaciones no pueden llevarse a cabo en la Corte Suprema de Justicia, constituya un tribunal en la Embajada de España en el país.

"Está el tribunal primero de la audiencia nacional española en Guatemala. Están los secretarios y el juez, por eso simplemente puede pedir a la Embajada que se convierta en sede judicial y se hagan allí las audiencias", expuso el director de la asociación Memoria, Verdad y Justicia, Gustavo Meoño.

UN TRIBUNAL EN LA EMBAJADA

Según Meoño, dado que el proceso se sigue en España, las decisiones judiciales guatemaltecas sólo afectan al lugar donde se harán las diligencias. "Pero se les puede tomar declaración a los testigos e invitar a los acusados a que hablen, tal como lo podrían hacer en España", consideró.

Pedraz llegó a Guatemala el sábado y hoy lunes tenía previsto comenzar una serie de audiencias en las que durante seis días, interrogaría a testigos y a seis de los ocho ex funcionarios o militares acusados originalmente del genocidio. Uno de ellos, el general y ex presidente Romeo Lucas (1978-1982), murió en mayo y otro, el ex ministro de gobernación Donaldo Alvarez, está prófugo.

Además, están acusados los ex presidentes Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores; los generales Aníbal Guevara y Benedicto Lucas, y los jefes policiales Germán Chupina y Pedro García Arredondo.

Los acusados fueron demandados por terrorismo de Estado, genocidio y torturas ante la Audiencia Nacional española en 1999 por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. En septiembre pasado, el tribunal constitucional español determinó que la justicia de ese país puede juzgar crímenes contra la humanidad aunque no hayan víctimas españolas.

La directora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), Edda Gaviola, dijo que "con tantos recursos y amparos, los acusados renuncian a su derecho de defensa porque se les da la oportunidad de declarar lo que les consta en su favor y no aprovechan".

Uno de los abogados de Mejía Víctores calificó las audiencias como "parciales" en favor de los movimientos de izquierda. Según la Comisión de la Verdad patrocinada por las Naciones Unidas, el Ejército es responsable del 95% de las violaciones de los Derechos Humanos de la población durante la guerra civil.