MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La subdirectora del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), Alejandra Castillo, ha afirmado este lunes que esta organización confía en que los crímenes cometidos durante la represión militar en los años 80 sean juzgados por la justicia nacional, aunque ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a poner sus ojos en el país centroamericano y a apoyar la lucha por dejar a un lado la impunidad.
El CALDH es uno de los grupos que ha activadp la causa contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), cuyo gobierno está acusado de genocidio, masacres, violaciones de mujeres y desapariciones forzadas.
"Guatemala está en el debate y poniendo sobre la mesa la memoria histórica", ha dicho Castillo en un foro sobre los avances contra la impunidad y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado de Guatemala, celebrado en el Congreso de los Diputados, bajo la organización del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA).
Ha resaltado que este martes se prevé la presentación de la acusación contra Ríos Montt en Guatemala, aunque se enfrentan al problema de que los dos únicos jueces que llevan este tipo de casos, en el denominado Tribunal de Alto Impacto, han sido recusados, por lo que deben esperar que estas recusaciones se decidan. "Esperamos que el proceso no quede en el limbo. Creemos que sí se va a resolver apegado a Derecho; creemos que el sistema de justicia tiene la oportunidad de resolverlo de una forma positiva", ha declarado a Europa Press.
Aunque ha admitido los obstáculos que han afrontado los procesos relacionados con los crímenes cometidos por las dictaduras militares en Guatemala, Castillo ha indicado que se sienten esperanzados. "En unos siete meses logramos la captura de tres personas y que se condenaran la semana pasada a cinco por la masacre de Dos Erres, con 7.000 años de cárcel, y en el caso de la masacre de Plan Sánchez, también ya algunos tienen condena", ha comentado. Ambos crímenes ocurrieron en 1982, durante el mandato de Ríos Montt.
"Creemos que esto es algo muy positivo, es esperanzador; sabemos que el camino es muy largo pero creemos que lo que hemos hecho es importante", ha apuntado.
Aunque Guatemala no reconoce desde 2009 la jurisdicción universal, la defensora de Derechos Humanos ha resaltado la importancia del juicio que sigue la Audiencia Nacional de España sobre estos casos. "Lo de España fue una oportunidad; cuando en Guatemala no había una investigación abrimos las puertas en España", ha indicado.
"Un factor importante es que las víctimas se sintieron escuchadas aquí en España; esto dio muchas esperanzas a los supervivientes, pero también dio la oportunidad de dar a conocer qué había sucedido y de contar con organizaciones que nos apoyan", ha dicho.
PROCESOS QUE SE COMPLEMENTAN
Sofía Duyos, una de las abogadas de CCOO del caso que sigue la Audiencia Nacional española sobre los crímenes cometidos en Guatemala, ha afirmado que tienen toda la confianza en que podrá alcanzarse la justicia, y ha recordado que este tribunal dictó once órdenes de búsqueda y captura con fines de detención internacional contra presuntos responsables de estos delitos. "Los militares guatemaltecos son los más perseguidos de toda América Latina", ha sostenido.
"Confiamos en que el proceso en la Audiencia Nacional siga adelante, y además somos conscientes de que lo que estamos haciendo es ayudar, complementar los procesos de justicia en Guatemala", ha ratificado. "Estamos muy pendientes de que no haya vacíos de impunidad", ha puntualizado.
Por su parte, Giulia Tamayo, activista de Derechos Humanos e integrante de Amnistía Internacional, ha recordado la magnitud de las masacres, cometidas en particular contra la población civil, indígenas, mujeres y niños, en una estrategia deliberada con el fin de atemorizar. Ha recordado que se contabilizan unas 45.000 desapariciones forzadas.
Además, ha reconocido que hay avances en la búsqueda de la justicia pero persisten serias dificultades que impiden considerar que se trata de procesos judiciales definitivos, y ha acotado que incluso el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha declarado que no se cometió genocidio, pese a que se trata de cuestiones que aún son tratadas por los tribunales.
También ha recordado que los defensores de Derechos Humanos se enfrentan a una lucha contra aquellos que quieren ocultar la verdad, y ha instado a la comunidad internacional a dirigir su mirada y su presión sobre estos casos. "Son crímenes que ofenden a la humanidad y nos conciernen a todos", ha concluido.
En el foro participaron también el presidente de la Asociación Presidente Salvador Allende, Joan Garcés; el portavoz de la Comisión de Exteriores del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, Joan Josep Nuet; y el secretario de Derechos Humanos de Izquierda Unida, Frank Pérez.