El ex mandatario está acusado de genocidio del pueblo maya en el país centroamericano entre los años 1978 y 1986
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reiterado a las autoridades de Guatemala la orden de busca y captura del ex presidente de dicho país Fernando Romeo Lucas García, y su ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez, acusados de genocidio del pueblo maya en la república centroamericana entre los años 1978 y 1986, según informaron fuentes jurídicas.
Según dichas fuentes, las autoridades guatematelcas devolvieron al tribunal español la comisión rogatoria por cuestiones de forma, instando a que se sellase y paginase la documentación.
Por ello, el magistrado ha reenviado -supliendo los defectos de forma- la comisión rogatoria, en la que también pedía interrogar a ocho testigos relacionados con los hechos juzgados.
Además, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien interpuso en 1999 la denuncia que dio lugar al proceso, visitó hoy la Audiencia Nacional para entrevistarse con el juez y el fiscal que llevan la causa: Santiago Pedraz y Juan Antonio García Jabaloy, respectivamente.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó en junio de 2005 la petición de detención internacional con fines de extradición presentada en febrero de ese mismo año por Fernando Grande-Marlaska contra el ex presidente guatemalteco, argumentando que la Audiencia Nacional no presentó la documentación adicional pertinente en relación con el caso de Lucas García dentro del marco de los 60 días que establece la ley venezolana para casos de extradición.
Asimismo, de acuerdo con las citadas fuentes, el ex ministro de Gobernación Donaldo Alvarez ha sido localizado por Interpol en Panamá, pero no se ha procedido a su detención. En diciembre de 2004 el juez Fernando Grande-Marlaska dirigió una orden de detención a las autoridades mexicanas contra Alvarez, acusado de torturas, siete asesinatos y uno más en grado de tentativa, pero el día 30 de ese mes México informó a la Audiencia Nacional de que esta persona había huido.
GENOCIDIO DEL PUEBLO MAYA
En el auto de prisión dictado contra Donaldo Alvarez en diciembre de 2004, el juez Grande-Marlaska afirmaba que entre enero de 1980 y septiembre de 1981 Fernando Romeo Lucas García era presidente de Guatemala, y creó una estructura gubernamental desde la que "se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines".
La resolución añade que "no sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino asimismo al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".
Así, en la mañana del 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos del departamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala, sin que conste que la concentración "no fuera campesina".
Las Fuerzas de Seguridad irrumpieron en la sede española para "abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes".