Expertos de la ONU expresan su "profunda preocupación" por la reforma
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha suspendido provisionalmente la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, ya promulgada por el presidente, Alejandro Giammattei, después de que ONG y expertos hayan cuestionado los requisitos y controles administrativos adicionales introducidos en la nueva reforma.
El Decreto 4-2020 fue aprobado el 11 de febrero por el Congreso de Guatemala y promulgado el día 27 por Giammattei. Un día más tarde, apareció en el diario oficial, pero en principio no entrará en vigor hasta que la Justicia haya analizado al detalle el contenido de la norma.
El registro y fiscalización de las ONG, que abre la puerta a posibles disoluciones en un plazo de seis meses, había sido llevado ante los tribunales por organizaciones sociales y la oposición política, por entender que incurría en ilegalidades. La Corte de Constitucionalidad ha coincidido que la entrada en vigor del decreto, prevista para el 7 de marzo, conlleva una posible violación de los Derechos Humanos.
Por este motivo, ha paralizado su entrada en vigor, en el marco de una resolución en la que ha recordado que las libertades de asociación y reunión están reconocidas en tratados y convenios internacionales. Asimismo, ha recogido la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recordar la necesidad de garantizar las libertades frente a posibles injerencias del Estado, en la medida en que son "fundamentales para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática".
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, ha destacado que con este amparo provisional, "prevalece el Estado de Derecho" en el país centroamericano. "Todas las personas tienen derecho a asociarse, fundamental en toda democracia, garantizado por la Constitución", ha afirmado en Twitter.
PREOCUPACIÓN ENTRE EXPERTOS DE LA ONU
Entre quienes han expresado sus dudas por la reforma figuran expertos de la ONU en Derechos Humanos, que este martes han dicho observar con "profunda preocupación" la ley de las ONG, por presentar "incongruencias" en relación a los estándares internacionales.
"Estos nuevos requisitos y controles podrían usarse, en la práctica, para limitar la labor de los defensores de Derechos Humanos y de la sociedad civil en general, de forma que dichas ONG no puedan desempeñar plenamente sus actividades, particularmente en la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia", han advertido.
Así, entienden que la entrada en vigor de la reforma "abrirá el camino a la limitación discrecional y arbitraria de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, así como a la criminalización de personas defensoras de Derechos Humanos".
La nota está firmada por el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, el experto sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator sobre la situación de los defensores de los derechos, Michel Forst, que han instado al Gobierno de Giammattei a que "garantice que sus leyes estén de conformidad con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos".