CIUDAD DE GUATEMALA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt logró un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en las elecciones generales celebradas ayer en Guatemala, logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española, que quiere juzgarle por el genocidio maya.
A falta de conocerse los resultados finales, Ríos Montt tiene asegurado su escaño porque encabeza las listas para diputado nacional por el FRG, la segunda fuerza en el Congreso de la República. En el pasado ya tuvo un escaño hasta 2003, cuando renunció para postularse a la Presidencia en las elecciones de ese año, donde salió tercero.
Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas.
"CUATRO AÑOS DISPONIBLE"
"Estuve disponible cuatro años (sin inmunidad). Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos", afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García.
Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló este país centroamericano, que provocó al menos 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos, y que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace once años.
Según datos de la Comisión Especial de la ONU, el Ejército fue responsable de 626 masacres de civiles. Fue la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú quien lo denunció ante la Audiencia Nacional porque su padre fue una de las 37 personas asesinadas en 1980 durante el asalto a la Embajada de España en Guatemala.
JUEZ PEDRAZ
Además de Ríos Montt, la Audiencia ha pedido la extradición del ex presidente Oscar Humberto Mejías Víctores, así como de los militares que ocuparon diferentes cargos durante la dictadura Ángel Aníbal Guevara, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García y Donaldo Álvarez Ruiz.
El juez Pedraz libró una orden de captura y detención contra los altos funcionarios tras regresar de Guatemala sin poder interrogarles después de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala suspendiese las diligencias del magistrado tras admitir un recurso interpuesto contra la comisión rogatoria por uno de los imputados.
La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. El Juzgado Instrucción número 1 admitió entonces a trámite la querella porque consideró que el genocidio guatemalteco constituye un delito de persecución universal.
ASALTO A LA EMBAJADA
Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a instancias de la Fiscalía investigar los hechos y ordenó al que era titular de este juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, archivar el caso. La decisión fue recurrida por Menchú ante el Tribunal Supremo que rechazó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el genocidio contra los indios mayas en Guatemala durante las dictaduras militares.
No obstante, se declaró competente a España para juzgar el asalto a la Embajada de España y los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran y Carlos Pérez Alonso, en enero de 1980.
La investigación en la Audiencia Nacional se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.