MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado cambios en la dirección de las cárceles y un cambio de funcionamiento para fomentar el trabajo en prisión y reducir la población carcelaria, promoviendo por ejemplo la aplicación de medidas de control en el caso de la libertad vigilada.
Giammattei ha reunido a sus ministros a la localidad de Quetzaltenango y ha visitado la cárcel de Cantel, de donde surgen el 47 por ciento de las llamadas de extorsión de Guatemala, según el diario 'Prensa Libre'. El Gobierno quiere ahora instalar inhibidores de señal y separar a quienes estarían efectuando las llamadas para limitar su acceso a la corriente.
Solo en esta cárcel hay 2.513 internos para 813 camas, lo que el propio Giammatei ha admitido que representa un riesgo para la seguridad. El presidente ha anunciado que hablará con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para generalizar el control telemático en el caso de acusados a la espera de juicio, ya que considera que se abusa de la prisión preventiva.
También ha planteado la posibilidad de que haya cada vez más reos autorizados a trabajar fuera de la cárcel, que solo regresen a dormir. El presidente se ha mostrado partidario de potenciar igualmente el trabajo dentro de prisión, con vistas por ejemplo a obtener recursos para servicios públicos.
Las medidas del Gobierno incluyen, además, cambios en los principales puestos de dirección de las cárceles. Giammattei ha asegurado que estos nuevos responsables han pasado una serie de pesquisas y pruebas, incluido el detector de mentiras.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El presidente ha aprovechado su gabinete para advertir de que su gobierno "combatirá la maldita y asquerosa corrupción sin descanso", con vistas a recuperar para las arcas del Estado unos recursos que considera vitales. "Aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país", ha subrayado.
Varios expresidentes y exministros tienen condenas o causas abiertas por corrupción. Giammatei ha creado una oficina presidencial contra la corrupción, en un intento por cubrir el vacío dejado por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU y responsable de investigaciones clave contra altos cargos.