Publicado 12/03/2020 20:20

Guatemala.- Giammattei pide al Supremo y la Fiscalía llevar por la vía administrativa los casos de evasión de impuestos

Alejandro Giammattei
Alejandro Giammattei - GOBIERNO DE GUATEMALA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha pedido este jueves al Tribunal Supremo y la Fiscalía llevar por la vía administrativa, y no la penal, los casos de evasión de impuestos abiertos contra empresario del país.

"¿Qué por qué no agarramos todos esos juicios, en donde hubo esa persecución estúpida contra los empresarios por parte de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) en el Gobierno pasado? Metieron a un montón de gente en la cárcel, tienen a un montón de gente demandada en procesos penales, que no debieron ser penales sino administrativos", ha aseverado Giammattei.

El mandatario ha lanzado, así, un "reto" a las instituciones para agilizar la resolución de este tipo de casos. "Saquémoslos de la órbita judicial y hagamos que los empresarios paguen sus impuestos que tienen en deuda. Hay más de 2.000 millones de quetzales (233 millones de euros) peleándose en los tribunales cuando no debería ser", ha afirmado.

Nils Leporowski, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha indicado que resolver los conflictos por la vía administrativa es un tema "interesante" porque hay empresas que llevan diez años inmersos en este tipo de procesos.

"Los casos se deben resolver ya porque es nefasto para el país y nefasto para los empresarios. Lo que queremos es que se resuelvan penal o administrativamente, aunque por la vía penal nunca se van a resolver, porque el Ministerio Público no tiene pruebas", ha manifestado.

La expresidenta del Supremo Yolanda Pérez Ruiz ha defendido que el mandatario realice este tipo de peticiones, pero ha aclarado que será la institución la que tome la decisión final conforme conozca los casos.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, ha aseverado que la institución debe seguir el curso de las investigaciones hasta que se determine si se incurrió o no en un delito, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica.