MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades guatemaltecas investigarán a unos 300 importadores por el caso 'La Línea', una red criminal supuestamente liderada por el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, dedicada a cobrar sobornos en aduanas.
Una fuente conocedora del caso consultada por el diario guatemalteco 'Siglo 21' ha explicado que el objetivo es determinar qué importadores accedieron a pagar sobornos a cambio de "agilizar" la entrada de mercancías.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ya adelantó el miércoles que citarían a al menos 50 "medianos y pequeños importadores que estarían señalados por los delitos de cohecho activo y falsedad documental".
Fiscalía y CICIG han acusado ya a un total de 37 personas por su presunta implicación en 'La Línea'. En los últimos días Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti que llevaba seis meses en busca y captura, se ha entregado a la Justicia.
Monzón se ha presentado como "el eslabón" para esclarecer la cadena de mando de 'La Línea' y ha prometido al juez del caso que contará "la otra mitad de la verdad" que queda por saber, después de las declaraciones de Salvador Estuardo González, alias 'Eco'.
'LA LÍNEA'
La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la CICIG y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
Las escuchas practicadas a los sospechosos revelaron que los líderes de esta trama de corrupción eran un hombre y una mujer a quienes los interlocutores se referían como 'el uno' y 'la dos', entre otros alias, lo que recondujo la investigación hacia Pérez Molina y Baldetti.
'La Línea', junto a otros muchos casos de corrupción, derrumbó al Gobierno de Pérez Molina. Baldetti y varios de sus ministros fueron dimitiendo a cuenta gotas y el presidente tuvo que hacerlo el pasado 3 de septiembre, tres días antes de las elecciones.