Actualizado 25/05/2013 01:41

Guatemala.- El ministro del Interior guatemalteco defiende la legalidad de la extradición de Portillo


CIUDAD DE GUATEMALA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Mauricio López Bonilla, ha defendido la extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo y ha declarado que el Gobierno se limitó a cumplir con un procedimiento "administrativo" plenamente legal.

López Bonilla ha salido al paso de las acusaciones de Portillo para explicar las circunstancias en que se ha producido el traslado del antiguo mandatario, investigado en Estados Unidos por el presunto blanqueo de 70 millones de dólares (53,5 millones de euros) a través de entidades norteamericanas.

El ministro ha aclarado, en declaraciones a Emisoras Unidas, que se trató de un procedimiento "absolutamente administrativo" y no político. En este sentido, ha apuntado que las actuales autoridades se limitaron a cumplir con la orden de extradición firmada en 2011 por el entonces presidente, Álvaro Colom.

Asimismo, López Bonilla ha explicado que "se término todo un proceso judicial" y que, por tanto, no cabía otra opción que trasladar a Portillo para que rindiese cuentas de las presuntas irregularidades cometidas ante la Justicia estadounidense.

Las declaraciones del ministro contradicen a las pronunciadas por el propio Portillo y su abogado poco antes de que el expresidente se subiese en un avión escoltado por agentes norteamericanos.

"Están cometiendo ilegalidades conmigo, desde el principio han violado mis derechos, el poder judicial y ahora el ministro de Gobernación autoriza mi extradición", ha lamentado Portillo en declaraciones a una radio local. El exmandatario ha dicho sentirse víctima de un "abuso" porque se encuentra "enfermo" y quedan pendientes varios recursos.

El abogado Fernando Guerra ha tachado de "ilegal" la extradición y ha acusado al Gobierno de actuar al margen de la ley. Según el abogado, citado por 'Prensa Libre', hay peticiones por resolver y hasta el 9 de junio no vence el plazo para presentar un recurso de amparo contra una decisión dictada por la Corte Suprema.

La Sala Tercera de Apelaciones de este tribunal absolvió en mayo a Portillo por el supuesto desvío de 120 millones de quetzales (11,7 millones de euros) del Ministerio de Defensa en el año 2001. La sentencia tenía una cara y una cruz para Portillo, ya que por una parte le declaraba inocente de un delito pero, por otra, dejaba vía libre a su extradición a Estados Unidos.

La defensa, según su versión, estudiaba la presentación de un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para ganar tiempo y evitar que la sentencia de mayo fuese firme.

LARGO PROCESO

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca autorizó en agosto de 2011 dicho traslado, con la única condición de que Estados Unidos respetase las garantías individuales de Portillo. Tres meses después, el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, firmó la orden ejecutiva.

Los abogados de Portillo, presidente entre los años 2000 y 2004, han tratado hasta el último momento de frenar el traslado del antiguo mandatario e incluso este viernes han presentado un 'habeas corpus' tras conocer el permiso definitivo aprobado por el Gobierno, según el periódico 'Siglo 21'.

Las fuerzas de seguridad han acudido este viernes por la mañana a buscar a Portillo al Centro Médico Militar donde se encontraba ingresado desde abril debido a problemas respiratorios. Se da la circunstancia de que en este mismo centro también está el exdictador José Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel en una sentencia que la Corte de Constitucionalidad anuló esta semana.

A las 9.45 (hora local), Portillo abandonó el Centro Médico Militar a bordo de una patrulla que lo trasladó a la base de la Fuerza Aérea Nacional, ha informado el periódico 'Prensa Libre'. Ya allí, cuatro agentes norteamericanos escoltaron a Portillo hasta el avión que debía trasladarle a Estados Unidos.

SATISFACCIÓN DE EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala ha informado de al extradición en un comunicado en el que ha recordado que, con esta entrega, se aplica la orden dada en 2011 por la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano.

"Esta decisión es una importante afirmación del estado de derecho y el debido proceso en Guatemala. Elogiamos los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas en el fortalecimiento del estado de derecho y el combate al crimen organizado y la corrupción.