13 de marzo de 2019

La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la reforma de la Ley de Reconciliación

La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la reforma de la Ley de Reconciliación
WIKIPEDIA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesor especial del secretario general para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, ha instado este martes al Congreso de Guatemala a rechazar la reforma de la Ley de Reconciliación dado que podría tener graves consecuencias para la estabilidad del país y podría suponer un paso atrás en los logros del país a la hora de hacer justicia.

Dieng ha expresado así su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca, según ha recogido la ONU en un comunicado.

El proyecto de ley otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquellos condenados y acusados a la espera de juicio por crímenes graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre los años 1960 y 1996. Esto incluiría el crímenes de genocidio y de lesa humanidad.

"Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período", recoge el texto de Naciones Unidas.

Según Dieng, la propuesta constituye "una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte".

En este sentido, el asesor especial ha manifestado que "el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia".

La actual Ley de Reconciliación Nacional está en vigor desde la firma de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a más de tres décadas de conflicto armado. La Comisión de Derechos Humanos ha advertido en contra de su reforma, lo que no ha evitado que los trámites parlamentarios sigan su curso.

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