MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el genocidio guatemalteco, mostró hoy su "sorpresa" y "honda decepción" por la decisión del Tribunal Constitucional del país centroamericano de anular el proceso judicial contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que nuestro país carece de jurisdicción para procesarles.
Tras conocer esta noticia, Pedraz expresó su consternación por lo sucedido, ya que constata la falta de colaboración de Guatemala para el esclarecimiento de los hechos. La decisión, no obstante, no afectará a la decisión de Pedraz de seguir investigando la causa por otras vías.
VENDRÁN 30 TESTIGOS.
Así, el magistrado de la Audiencia Nacional mantiene en su agenda el interrogatorio de una treintena de testigos relacionados con la parte de la causa que se refiere al genocidio de indígenas que llegarán a España en grupos de diez el próximo año para relatar sus vivencias.
Esta previsto que el primer grupo comparezca ante el magistrado entre los días 4 y 8 de febrero de 2008, mientras que los otros dos lo harán entre el 3 y 7 de marzo y el 5 y 9 de mayo, respectivamente.
El Constitucional guatemalteco resolvió el pasado jueves amparar a los generales Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo para que se revoque la orden de captura dictada en su contra por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Esta medida también favorece a los generales Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo, según fuentes jurídicas guatemaltecas.
Todos ellos iban a ser juzgados por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala ocurrido el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, y por genocidio en los años ochenta.
Guevara y Chupina se entregaron el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional. Los demás sospechosos interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y posible interrogatorio en Guatemala.
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA.
Los magistrados que componen el Tribunal Constitucional de Guatemala, quienes adoptaron el fallo por unanimidad, expresaron que su resolución está "apegada a Derecho" y que lo único que han intentado es "mantener la soberanía del país".
El juez Roberto Molina aseguró que el tribunal ha concedido el amparo a los cinco generales y los dos civiles acusados porque se han encontrado "violaciones al debido proceso" contra ellos, pues "el Estado está para garantizar a sus habitantes la justicia, la seguridad y un debido proceso, así como velar por la soberanía del país".
"En esa sentencia se hace un análisis jurídico e histórico de la participación del Gobierno español en este caso, y el hecho de que no pueden juzgar casos cometidos por guatemaltecos en Guatemala", añadió Molina, quien señaló que otra de las razones es que en el tratado de extradición suscrito entre Guatemala y España no se establece obligación ni compromiso de entregar a los guatemaltecos requeridos por el Gobierno de España, y viceversa.
Con este fallo se ordena restablecer la situación jurídica de los militares y anular la detención provisional, y conmina al Tribunal Quinto de Sentencia que dé cumplimiento en el plazo de tres días a lo resuelto por el Constitucional.
El fallo no es apelable, pero a pesar de ello la Fundación Menchú presentó un recurso de aclaración en el que pidió que se explicara lo resuelto. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada.