CIUDAD DE GUATEMALA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha mostrado este viernes su sorpresa por la anulación del juicio contra el dictador Guatemalteco Efraín Ríos Montt, mientras que las autoridades judiciales han informado de que intentarán revertir la decisión adoptada el jueves.
El juicio contra Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes contra la Humanidad quedó anulado después de que la justicia guatemalteca ordenara que el caso volviera a la jueza Carol Patricia Flores, que inició la instrucción de la causa y que fue apartada en 2011.
Pérez Molina ha indicado sentirse "sorprendido" y ha asegurado que desconocía totalmente que existiera un recurso contra la decisión de la justicia de apartar a la juez Flores de la causa contra el exdictador.
La organización humanitaria Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo contra la recusación de Flores, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de diciembre, pero que no se notificó hasta marzo y que se hizo pública el jueves.
Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conocen el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios.
Por su parte, la fiscal general guatemalteca, Claudia Paz y Paz, ha explicado este viernes en conferencia de prensa que apelar a todas las instancias judiciales para que no se anule el juicio que se estaba celebrando, según el diario 'Prensa Libre'.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la recusación contra Flores supone que todas las actuaciones judiciales deben retrotraerse al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción, por lo que el juicio tendrá que volver a celebrarse.
EL JUICIO
El pasado 19 de marzo, arrancó el juicio contra el exdictador y su antiguo jefe de Inteligencia Militar por los presuntos delitos cometidos durante su Gobierno 'de facto' que, según la Fiscalía, equivalen a genocidio y crímenes contra la Humanidad.
Los dos exmilitares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.
La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.
Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.
Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).