Actualizado 04/06/2009 17:33

Guatemala.- El proceso en España por las masacres de Guatemala en los 80 no se verá interrumpido aunque cambie la LOPJ

La acusación del caso presentado en la Audiencia Nacional destaca la importancia de poner fin a la impunidad

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La acusación de la masacre perpetrada a comienzos de la década de los años 80 contra la población civil guatemalteca criticó hoy la posibilidad de que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en España y se impida así aplicar el principio de justicia universal pero afirmó que, aunque así fuera, este proceso por genocidio y otros crímenes que se inició con la presentación de una denuncia en 1999 ante la Audiencia Nacional española no se vería interrumpido.

Antonio García, integrante del equipo de abogados de la causa abierta entonces en España por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, afirmó que la modificación de la LOPJ implicaría una anulación por la vía legislativa del principio de justicia universal, que ha permitido juzgar en España casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet.

En opinión del abogado Jaime Tomás, autor del Cuaderno 'Derechos Humanos en Guatemala: un compromiso con la justicia universal', presentado hoy en Madrid, si se cambia la ley española será el "resultado de la presión de dos países muy poderosos" y se hará con el fin de "evitar problemas diplomáticos".

Aunque Tomás no dijo a qué países se refería, García criticó luego a Israel y a Estados Unidos --cuyos gobiernos que han sido 'blanco' de las investigaciones de la Audiencia Nacional recientemente-- por, en el primer caso, haber procesado a nazis por crímenes contra la Humanidad y, en el segundo, por haber juzgado a personas por delitos cometidos fuera de sus fronteras, y ahora no aceptar de buena gana que a ellos se les aplique el principio de justicia universal.

Tomás subrayó que el proceso contra los responsables de las masacres en Guatemala constituye una "aplicación de los compromisos internacionales de España" y que además el principio de justicia universal es "absoluto y sin cortapisas".

Este principio se materializa en el ordenamiento jurídico español a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se establece la competencia de la jurisdicción española para juzgar los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en el extranjero aunque sean cometidos por personas extranjeras y sin víctimas españolas.

Actualmente, en la Audiencia hay trece causas abiertas en aplicación de ese artículo. PSOE y PP pactaron el pasado mes de abril limitar el alcance de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que exista, al menos, algún "elemento de conexión" con la jurisdicción española, si bien el cambio no tendría efecto retroactivo, por lo que no afectaría a las causas abiertas, como la de Guatemala.

IMPUNIDAD

El ex embajador de España en Guatemala Máximo Cajal, superviviente de la matanza perpetrada en 1980 contra 37 personas en la legación diplomática --donde se habían refugiado 27 guatemaltecos-- que marcó el inicio de la represión del Estado guatemalteco contra su población y especialmente contra los indígenas, aseguró que la "impunidad" es la "nota común" de los asesinatos, desapariciones forzosas, torturas, detenciones ilegales y genocidio ocurridos en los años posteriores.

"Es la impunidad unida al miedo de una sociedad atemorizada por las represalias que sufrirá quien tenga el coraje o la inconsciencia de hablar", indicó el embajador, que explicó que no ha habido "denuncias ni testigos protegidos". "Es una boca colectiva cerrada", dijo, ya que los jueces que "se han atrevido a profundizar" en los hechos han desaparecido o han tenido que huir del país.

Durante cerca de cuatro décadas, murieron más de 200.000 personas y otros dos millones tuvieron que desplazarse para escapar de las masacres. Antonio García afirmó que lo sucedido entonces fue un "genocidio de apariencia luminosa" y que "el 93 por ciento de los crímenes fueron cometidos por el Estado".

Ante la magnitud de la violencia sufrida por la población guatemalteca, García censuró el hecho de que se defienda que España sólo juzgue los hechos en los que exista, al menos, algún "elemento de conexión" con la jurisdicción española, porque, en casos como el de Guatemala, se han cometido crímenes contra la Humanidad. "Y si es la Humanidad, es la Humanidad entera. No hay conexión que valga", insistió.