Dice que Ríos Montt quiere presentar su candidatura a diputado para eludir la acción de la justicia y "nada ni nadie se lo va a impedir"
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado una nueva comisión rogatoria a Guatemala para obtener más testimonios de las víctimas y testigos de los crímenes, torturas, terrorismo y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986, según informó esta mañana la Premio Nobel de la Paz y candidata para las próximas elecciones en Guatemala, Rigoberta Menchú.
Menchú, que hace unas semanas lanzó oficialmente su candidatura para las presidenciales del próximo mes de septiembre, se encuentra estos días en Madrid para dictar una conferencia en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense sobre 'Lenguas indígenas y Derechos Humanos en Hispanoamérica'.
A falta de concretar las fechas, el viaje podría producirse en el mes de mayo. En esta ocasión el juez no irá al país para ver a los acusados, tal como intentó hacer en junio de 2006 al frente de otra comisión para interrogar a Ríos Montt y otros ex militares, en el marco del caso iniciado por Menchú en 1999 para que se juzguen los abusos durante la guerra civil, incluido el asalto a la Embajada de España en 1980 en el que murieron 37 personas, entre ellas su padre.
Entonces, el magistrado abandonó Guatemala sin poder interrogar a Ríos Montt y a otros implicados después de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala aceptó un recurso contra las diligencias judiciales que el juez Pedraz iba a realizar que quedaron suspendidas "por tiempo indefinido", según declaró Jorge Arauz, secretario del citado tribunal y de la Corte Suprema de Justicia.
NUEVA CANDIDATURA DE RIOS MONTT
Por otro lado, denunció los planes de Ríos Montt para presentar su candidatura, intentar ocupar de nuevo la presidencia del Congreso y eludir la acción de la justicia. "El ex dictador está esperando que pase abril para el próximo 2 de mayo registrar su candidatura. Se trata de un nuevo desafío y lamentablemente nada ni nadie se lo va a impedir", afirmó indignada la Premio Nobel de la Paz.
Rigoberta Menchú cree que "por simple ética", y ante la orden de captura internacional cursada en su contra por la justicia española, Ríos Montt debería declinar sus intenciones y no registrar su candidatura para las elecciones. "Pero todo apunta a que se quiere presentar, y de hecho ya está haciendo campaña para ser el nuevo presidente del Congreso", denunció.
Aunque la destacada líder indígena desearía que el genocidio en contra del pueblo maya en su país pudiese juzgarse en los tribunales guatemaltecos, recuerda que veinte años después la impunidad sigue igual que antes y ningún responsable de los crímenes de lesa humanidad ha sido juzgado "y menos condenado", por lo que de momento sigue confiando exclusivamente en el papel de la justicia española.
Cuando se le pregunta si cree que algún día Ríos Montt irá a la cárcel para pagar por sus crímenes, Rigoberta Menchú lo tiene claro. "Sí. Los precedentes de justicia universal se han asentado y nuestra lucha contra la impunidad es de por vida. Espero que la Audiencia Nacional pueda ahora capturarlo, juzgarlo y condenarlo. Otro tipo de reparación ya no nos sirven", subrayó.
La candidata, que se mostró convencida de sus opciones de llegar a la presidencia al asegurar que no tiene "ninguna duda" de que ganará las elecciones "tarde o temprano", afirmó que en caso de que así sea respetará la independencia de poderes del Estado, y en el caso de los juicios contra ex militares "el Ejecutivo facilitaría los trámites a través de Cancillería para conceder la extradición a España".
GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO MAYA.
La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. El Juzgado Instrucción número 1 admitió entonces a trámite la querella porque consideró que el genocidio guatemalteco constituye un delito de persecución universal.
Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a instancias de la Fiscalía investigar los hechos y ordenó al que era titular de este juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, archivar el caso. La decisión fue recurrida por Menchú ante el Supremo que rechazó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el genocidio contra los indígenas mayas en Guatemala.
No obstante, el alto tribunal declaró competente a España para juzgar el asalto a la Embajada de España en Guatemala y los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran y Carlos Pérez Alonso, en enero de 1980.
La investigación en la Audiencia Nacional se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.