La defensa del ex presidente rechaza que la acusación la ejerza una abogada española
CIUDAD DE GUATEMALA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo fue trasladado la pasada madrugada a una cárcel de alta seguridad Fraijanes II procedente del Centro Preventivo de la zona 18 de la capital para "resguardar su vida".
"Es para que no le pase nada y resguardar su vida", confirmó este lunes el ministro del Interior del país, Raúl Velásquez, en declaraciones a Emisoras Unidas.
Fuentes oficiales citadas por el diario local 'Prensa Libre' reconocieron que el traslado del ex mandatario, en prisión preventiva, no requirió una orden judicial debido a que se debió a razones de seguridad.
El penal al que ha sido trasladado el ex dirigente guatemalteco es el centro de detención más seguro de todo el país y alberga a los presos más peligrosos que han cometido graves delitos como secuestro, homicidios y delitos de narcotráfico.
Portillo se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado 26 de enero a petición de las autoridades estadounidenses, cuyo sistema judicial lo acusa de lavar unos 70 millones de dólares.
El ex presidente se encontraba libre tras haber pagado una fianza de un millón de quetzales (unos 89.744 euros) en 2008, fecha en que fue extraditado de México, para hacer frente a la Justicia por el desvío de unos 120 millones de quetzales (unos 10,8 millones de euros) procedentes del presupuesto del Ministerio de Defensa durante su mandato (2004-2008).
SU DEFENSA, RECHAZA A LA LETRADA DE OFICIO
El abogado del ex mandatario, Telésforo Guerra, rechazó este domingo que la abogada española Paula García Pedraza ejerza la acusación contra Portillo en representación de la la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó el diario local 'El Periódico'.
El letrado considera que no es legal que un abogado extranjero ejerza la acusación o la tutela judicial ante tribunales nacionales, aunque el Colegio de Abogados y Notarios del país centroamericano considera en cambio que sí es legal, siempre y cuando cumpla los requisitos, incluido tener la convalidación del título universitario.
La abogada española fue asignada con el caso por el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, el pasado mes de octubre.