Manuel Vásquez, fiscal de DDHH en Guatemala, ha explicado la necesidad de agrupar los casos para facilitar su investigación
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La violación del derecho a la vida es lo que más precupa a los defensores de Derechos Humanos en Guatemala, según ha afirmado este lunes Claudia Samayoa, Coordinadora General de la Unidad de Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), quien ha aseverado que "vivir se vuelve muy difícil" en el país.
Samoaya ha declarado, en el marco de un seminario dedicado a la lucha contra la impunidad en Guatemala y la búsqueda de políticas coherentes organizado por la 'Plataforma 2015 y más', que tras haber pasado por una "etapa en la que los derechos económicos, sociales y culturales se volvieron más importantes en función de los cambios estructurales", poco a poco en Guatemala, y en la región, el derecho a la vida se ha convertido en la razón de que "mucha gente no tenga tiempo de plantearse la pobreza o los derechos de participación política".
"En la región entera nos estamos desangrando", ha denunciado Samoaya. Según la activista, la media de homicidios en la región es de 38,3 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que triplica la media mundial, que asciende a 13,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras, con datos de este año, es el país más violento del mundo con 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Samoaya.
El Gobierno de Álvaro Colom ha duplicado los destacamentos militares en el territorio con el fin de reducir la violencia. Sin embargo, Samayoa asegura que la presencia militar se sitúa en las zonas con proyectos de palma africana, de minería y de construcción de presas hidroeléctricas, no en las zonas con mayor índice de violencia "dejando libres las zonas con mayor presencia de armas".
La activista reconoce que el problema es que "la militarización está legitimida por un voto y por la visión todavía conservadora de los guatemaltecos y guatemaltecas que creen que el Ejército les va a resolver la situación", ha apuntado.
"El crimen organizado es un hijo del conflicto armado interno", ha asegurado Samayoa, "los cárteles familiares de los Mendoza o Lorenzanos fueron formados y fomentados por el Ejército durante el conflicto", ha añadido. Denuncia que hay 'kaibiles' (soldados de élite del Ejército de Guatemala) vinculados a los cárteles del narcotráfico y señala que le sorprende que el próximo presidente, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ha anunciado que enviará a los 'kaibiles' para combatir a los narcos. "¿Los narcos van a combatir a los narcos?", se ha preguntado.
Samayoa ha hablado de "la otra violencia, la violación del derecho a la alimentación", un problema estructural que supone la desnutrición crónica que existe en el país y que provoca la muerte de uno de cada dos niños, cuando hace diez años la tasa era menor, cuatro de cada diez niños. Señala que la desnutrición es un problema regional que también afecta a Honduras y Nicaragua.
Con todo, Samayoa señala la "existencia de espacios de resistencia y de participación en Derechos Humanos importantísimos y que hay que defender, aunque no apoyados por la Agencia de Cooperación Española". El organismo, según Félix Ovejero, moderador de la mesa, "ha declinado su participación como ponente para poder contrastar las políticas que están desarrollando con una parte de la sociedad civil".
FISCAL DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA
Manuel Vásquez, fiscal en la Sección de Derechos Humanos de Guatemala, y ponente en las jornadas, se encarga de investigar las violaciones contra los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado. De los diez casos que se están investigando en la Fiscalía algunos ya tienen condena, sin embargo, Vásquez denuncia que "el Estado niega los hechos y no proporciona información" para esclarecer los casos.
Vásquez ha señalado que en el caso de El Jute, en el que se investigó la desaparición de ocho campesinos, la violación de cinco mujeres y la tortura de varios habitantes de la aldea, todos los procesados fueron condenados a 53 años y cuatro meses de cárcel por desaparición forzosa y delitos contra los deberes de humanidad.
Otro caso fue el de Edgar Fudo García, en el que los procesados, entre ellos dos policías, fueron condenados a 40 años de cárcel inconmutables por desaparición forzosa.
Vásquez ha informado de que "la política de la Fiscalía es agrupar los casos que existen porque investigar los casos individualmente es imposible". Una de las agencias que se reparten el trabajo de investigación pasó de tener que investigar 3.318 casos a sólo 49 tras agruparlos. Vásquez reconoce que para las víctimas "los fiscales representamos el Estado", por esto es necesaria la intervención de ONG que faciliten la toma de declaraciones.