PUERTO PRÍNCIPE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Apoyo a los Repatriados y a los Refugiados (GARR) ha solicitado que el ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, conocido como 'Baby Doc', sea juzgado por vender ciudadanos de ese país como esclavos a República Dominicana a cambio de dos millones de dólares (1,48 millones de euros), según recoge un comunicado divulgado este viernes.
La organización recuerda que el primer escándalo registrado tras la caída de Duvalier, el 7 de febrero de 1986, "fue la reclamación por la República Dominicana de dos millones de dólares pagados a funcionarios haitianos para la contratación de braceros como esclavos para la explotación de su sudor y sangre en los campos azucareros". En nombre de ellos, la GARR reclama el inicio de un proceso judicial.
El colectivo extiende esta reivindicación a las miles de personas que durante el mandato de Duvalier (1971-1986) tuvieron que abandonar el país caribeño y que todavía hoy viven en el exilio. "Las violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos impidieron a numerosos ciudadanos permanecer en Haití, obligándoles a constituirse en diáspora en varios puntos del planeta", señala.
En la misma línea, la GARR acusa al ex presidente de sangrar "los recursos financieros que habrían permitido a Haití construir numerosas escuelas, hospitales y kilómetros de carreteras", para disfrutar de estos activos en la Costa Azul de Francia, "en compañía de ricos príncipes del mundo".
En este contexto, la organización insta a las víctimas del régimen de 'Baby Doc' a denunciarle para acabar con la impunidad y la corrupción que lastran el desarrollo del país caribeño. "Su vuelta a Haití es una ocasión para comenzar a trazar ejemplos comprometiéndose sobre el camino de la Justicia", apunta el documento.
El pasado domingo, Duvalier, de 59 años, regresó por sorpresa al país en un vuelo procedente de Martinica. Desde entonces ha sido acusado de corrupción, robo, apropiación indebida de fondos públicos y de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian que durante su mandato murieron unas 150.000 personas.