Actualizado 22/06/2012 01:11

Haití/R.Dominicana.- El Gobierno dominicano niega tener "animadversión" a la comunidad haitiana

SANTO DOMINGO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la República Dominicana ha negado cualquier "animadversión" contra el pueblo haitiano y ha asegurado que mantiene una actitud de colaboración con Puerto Príncipe ante las denuncias de grupos de Derechos Humanos y quejas del Ejecutivo haitiano de malos tratos contra los inmigrantes de este país en la nación vecina.

El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, ha afirmado este jueves que su Gobierno ha demostrado en varias ocasiones su colaboración con las autoridades haitianas y ha rechazado las acusaciones de malos tratos contra estos inmigrantes.

"El hecho de que incluso hayamos reconocido, nos hayamos adherido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) y hayamos reconocido su jurisdicción es la mejor demostración de que la República Dominicana y ésta Administración de manera específica no tienen una actitud de animadversión ni contra ciudadanos haitianos ni contra ningún ciudadano extranjero en general ni contra esa corte", ha indicado en un comunicado.

La CoIDH ha denunciado la falta de derechos a la que se enfrentan los haitianos en la República Dominicana, en donde viven un millón de inmigrantes indocumentados del país vecino según las ONG, aunque el Gobierno de Puerto Príncipe reduce esta cifra hasta los 600.000.

"Ha habido un gran esfuerzo de las actuales autoridades de crear el mejor clima de convivencia y de relaciones con el Estado haitiano y con los nacionales haitianos y esos esfuerzos se continuarán", ha señalado Pina Toribio, que ha admitido que se han producido quejas, que han sido atendidas "en conformidad con la ley".

Las tensiones entre ambos países se han mantenido a lo largo de la historia, con disputas fronterizos tras su independencia y diversos enfrentamientos, como la matanza de haitianos en 1937 ordenada por el dictador dominicano Rafael Trujillo. Pero tras el terremoto de 2010 en el que murieron más de 300.000 haitianos, Santo Domingo se volcó con las ayudas al país, lo que provocó una mejora de las relaciones.

Sin embargo, poco después reiniciaron las deportaciones forzosas de haitianos indocumentados y el pasado octubre el Gobierno dominicano aprobó una ley para regular la permanencia de inmigrantes en el país y que limitaba su acceso al mercado de trabajo, lo que muchas ONG denunciaron como una norma que afectaba directamente a la comunidad haitiana.